El Ejército colombiano confirmó este miércoles un bombardeo de alta precisión contra estructuras del ELN en la región del Catatumbo, que dejó siete guerrilleros neutralizados y uno capturado, en una operación conjunta con la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional.
La ofensiva se ejecutó en zonas rurales de El Tarra y Tibú, en Norte de Santander, uno de los corredores históricos del narcotráfico, la extorsión y el control territorial armado. Durante la acción militar se incautó abundante material de guerra, incluyendo armas largas y cortas, explosivos improvisados, drones y granadas adaptadas para ser lanzadas desde aeronaves no tripuladas, lo que confirma el alto nivel de sofisticación criminal del ELN.
El Ejército fue enfático en subrayar que se trató de una operación respetuosa del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, orientada a salvaguardar la vida y el bienestar de las comunidades sometidas por la violencia sistemática de los grupos armados organizados, en particular la estructura 33 del ELN.
El ataque no es un hecho aislado. Se produce inmediatamente después de la visita del presidente Gustavo Petro a Washington y su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una reunión que marcó un giro en el discurso y en la práctica frente al narcotráfico y el crimen organizado.
Tras el encuentro, ambos gobiernos acordaron reforzar la cooperación bilateral en seguridad, dejando atrás ambigüedades y enviando una señal directa a los grupos armados ilegales: la era de la tolerancia estratégica llegó a su límite.
El mensaje es inequívoco. La relación con Washington vuelve a traducirse en acción militar concreta, especialmente en territorios como el Catatumbo, donde el ELN ha operado durante décadas con sensación de impunidad.
El Ministerio de Defensa confirmó además que entre los objetivos militares de alto valor para los próximos dos meses se encuentran alias “Pablito” (ELN), “Iván Mordisco” (disidencias de las FARC) y “Chiquito Malo” (Clan del Golfo), figuras clave del entramado criminal que combina narcotráfico, terrorismo y control territorial.
Horas después del bombardeo, el Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo) anunció la suspensión provisional de los diálogos de paz con el Gobierno de Petro, alegando la necesidad de “consultas internas” tras los compromisos adquiridos entre Bogotá y Washington.
En términos reales, el mensaje es otro: cuando el Estado deja de dudar, las organizaciones criminales recalculan.
El Catatumbo revela una verdad incómoda para el relato del “diálogo total”: la paz no se negocia desde la debilidad. Durante años, el ELN y otras estructuras armadas utilizaron las mesas de conversación como pausa táctica para rearmarse, expandirse y modernizar su capacidad bélica, hoy evidenciada en el uso de drones explosivos y armamento adaptado para guerra irregular.
La visita de Petro a Washington y su encuentro con Trump parecen haber marcado un punto de inflexión. Estados Unidos no financia ambigüedades ni respalda estrategias de contención simbólica: exige resultados medibles. Y los resultados, en zonas como el Catatumbo, se miden en territorio recuperado, capacidades criminales destruidas y autoridad restablecida.
Este bombardeo no es solo una operación militar. Es una corrección estratégica y un mensaje político: sin presión militar sostenida, no existe incentivo real para que los grupos armados abandonen el negocio del narcotráfico.
La gran incógnita es si este golpe marca un cambio estructural o apenas un gesto coyuntural para tranquilizar a Washington. Porque si Colombia decide ejercer soberanía sin complejos ideológicos, el ELN no enfrentará un bombardeo aislado, sino el fin de la narrativa que le permitió sobrevivir durante décadas.
El Catatumbo, una vez más, no solo es un territorio en disputa. Es la prueba definitiva de si el Estado colombiano está dispuesto a dejar de negociar su autoridad y empezar a ejercerla.
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