El fiscal general del régimen, Tarek William Saab, presentó este miércoles su renuncia ante la Asamblea Nacional, en medio del proceso de amnistía para presos políticos que abarca casos desde 1999 hasta la actualidad.
Saab ocupaba el cargo desde 2017, tras la salida de Luisa Ortega Díaz, y fue señalado durante años por organizaciones de derechos humanos y dirigentes opositores como uno de los principales operadores judiciales del aparato represivo chavista.
Su salida se produce después de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero, así como del nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Desde entonces, se han anunciado medidas como la excarcelación de presos políticos, la aprobación de una ley de amnistía y el cierre de centros de detención emblemáticos.
Un fiscal señalado por persecución política
Durante su gestión, el Ministerio Público abrió procesos contra centenares de dirigentes opositores, periodistas y activistas. Casos como los de María Corina Machado y Edmundo González fueron considerados por sectores democráticos como ejemplos del uso del sistema penal para neutralizar adversarios políticos.
Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional documentaron detenciones arbitrarias, denuncias de tortura y al menos 18 muertes bajo custodia durante el período en que Saab dirigió la Fiscalía.
Para amplios sectores de la oposición, la permanencia de Saab en el cargo representaba la continuidad de una estructura diseñada para castigar la disidencia y blindar al poder político.o.
