El problema no es que tengan dinero: el problema es que es mal habido. El problema no es que se les denuncie: el problema es que intentan desaparecer la información de la web – Por Laura De Rosa

Y es que este es el  modus operandi de bolichicos (rojos) y enchufados (azules = falsa oposición)  para intentar ocultar lo máximo posible su desfalco a la nación: contratar hackers particulares  o empresas especializadas en borrar datos e información de internet, “garantizando el derecho al olvido”.

Si, así como lo leyó: “Garantizando el derecho al olvido”.

Borrame

Eliminalia.com

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Entonces la pregunta es: ¿realmente estos sujetos disfrazados de “políticos en favor del país” merecen un derecho al olvido? ¿realmente “empresarios” que han sobre facturado doble y triple productos o servicios a empresas estatales, en conjunción con funcionarios públicos -evidentemente corruptos- merecen el olvido? ¿O los que han lavado dinero, realizado trafico de influencias, compadrazgo, nepotismo, evasión fiscal, extorsiones, fraudes, malversación de fondos, lavado de dinero y un largo etcétera, es verdad que merecen mantenerse en el anonimato y que no se conozca el terrible impacto que le han causado a la nación?

La respuesta es clara y de seguro todos coincidiremos en lo mismo: NO.

Casos existen muchos, pero hoy solo “reviviremos” de las profundidades de la web, un caso en especial: El de Jorge Plaza Márquez, uno de los tantos testaferros de la revolución, que prestó y aun sigue prestando su nombre para hacer negocios con los “rojos”.

Su caso fue expuesto a la luz pública en el año 2019, pero tiempo después fueron eliminados multiples vínculos que replicaban la denuncia, quedando solo uno, muy debajo de la búsquedas de google

El caso de Jorge Plaza es interesante porque a él, el gobierno venezolano le expropió la empresa, sin embargo, contrario a otros expropiados que van en contra -de manera justa- a la “Revolución” por haberle quitado sus empresas  y los consecuentes años de su vida invertidos en éstas, ahora “colabora” con quien se la quitó.

¿Cómo puede cambiar el pensamiento de un hombre hacia sus enemigos, aquellos que además le expropiaron su empresa?

Fácil en algunos casos si el monto de lo expropiado es menor a lo que actualmente se gana, dependiendo,  siempre, del precio de cada quien.

Y esto es: dinero y más dinero. Dinero que llega sin trabas, sin riesgo a ser investigado y adicionalmente, obteniendo patrocinio y protección de algún alto funcionario del gobierno venezolano.

Ese fue el gran negocio que hicieron pequeños, medianos y hasta grandes empresarios venezolanos que ante amenazas o conveniencias, prefirieron ceder y empañarse junto al gobierno en más casos de corrupción en la historia de Venezuela.

Jorge Plaza Márquez, es uno de estos ejemplos

La primera vez que se escuchó públicamente sobre Plaza Márquez, fue en el año 2010, cuando el 55% de las acciones de Invetubos le pertenecían y la mayoría de sus empleados le denunciaban por atropellos, como por ejemplo el no-cobro de prestaciones sociales, maltratos labores, incumplimiento de compromisos patrono-empleados, etc

De Izquierda a derecha: Jorge Plaza, Presidente; Elio Hernández y Negil Gonzalez

domingo, febrero 19, 2017

Estos mismos trabajadores ventilaron ante la opinión pública y la Asamblea Nacional existente para aquel entonces, que la empresa de aproximadamente 300 trabajadores, además de abusar de sus empleados, “se burlaba sistemáticamente de todos los compromisos adquiridos con el gobierno y sus empresas estatales”.

Y es que uno de los principales clientes de Invetubos fabricante de tuberías petroleras en el estado Carabobo, era la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Sin embargo, ello no le valió contemplación ante el Estado, que en el siguiente año autorizó su intervención, a lo que, por su puesto, Plaza se rehusó contundentemente.

Pese a la intervención dictada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la presencia de la Guardia Nacional Bolivariana mientras la empresa era dirigida por PDVSA para ejecutar la continuidad operacional, el polémico Plaza, quien anteriormente ya había enviado a su “cuerpo de seguridad” a disparar sobre los trabajadores, apareció sorpresivamente a retomar el control de Invetubos.

Ante este acto que los trabajadores calificaron como un “golpe de Estado”, el vicepresidente de ese momento, Elías Jaua, firmó la petición de expropiación con fecha 07/01/2011 y la envió al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Durante los días en los que se  realizaba la inspección correspondiente, Plaza cerró la empresa en un “madrugonazo” el día 19/01/2011, dejando sin trabajo a casi trescientos (300) trabajadores, los cuales a partir de allí se levantaron en asamblea permanente, entre otros temas, para el cobro de sus prestaciones sociales.

Pero el tema no llegó hasta allí. El otro 45% de la empresa comprado por el Estado desde el año 2006, era controlado por una presunta Cooperativa de trabajadores que favorecía curiosa y oportunamente al accionista mayoritario, (Jorge Plaza Marquez) quien simplemente no se apartó de negociaciones con el gobierno en los años venideros

Otra empresa “roja rojita”

A mediados del año 2016, Servimeca Sand Control, C.A. domiciliada en El Tigre y presidida por Jorge Plaza junto a Angélica Quiroz y Gustavo Salomón fue inscrita en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), la que es considerada en el argot empresarial como “la mayor dependencia administrativa de los llamados guisos rojos”.

Empresa que desee ofrecer sus servicios a la administración pública debe estar registrada en este sistema al que resulta complicado acceder, excepto cuando se cuenta con contactos de alto rango.

El asunto es que Servimeca, ya desempeñaba funciones para el ahora gobierno de Nicolás Maduro meses antes de dicho registro, pues en enero de 2016 el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz y el ministro de Minería y Petróleo, Eulogio Del Pino inauguraban en El Tigre la empresa Mixta Ranurados de Tuberías Orinoco, que cuenta con un capital mixto conformado en un 20% de participación de PDVSA y un 80% de la empresa Servimeca.

Del Pino aclaró que se trataba de una “nueva manera de relacionar al sector privado nacional y al gobierno en una alianza entre la pequeña y mediana industria” promovida por Fedeindustria y PDVSA.

Y fue así, como el mismo Jorge Plaza Márquez que se había visto envuelto en un escándalo laboral que le había costado la expropiación de su empresa por parte del gobierno, se involucraba nuevamente y de forma voluntaria con su propio verdugo.

¿Significaba esto una muestra de borrón y cuenta nueva? no parece. Sin embargo todo apunta a que en realidad Jorge Plaza había escogido previamente a los funcionarios incorrectos en su búsqueda por incrementar su capital empresarial.

Ahora lo hacia de manera distinta.

El general Zambrano Mata, el “padrino de Plaza”

En un estado militar como fue el de Hugo Chávez y como sigue intentando ser el de Nicolás Maduro, quienes mandan son los más poderosos castrenses. Al menos es así, en este terreno donde los guisos son color rojo o en su defecto, verde militar.

Cuando el general Jesús Zambrano Mata llegó a la presidencia de Ferrominera Orinoco en el año 2013, la primera instrucción que dio, fue contratar en calidad de asesores a los señores Jorge Plaza y Gerardo Ramírez.

Tras su destitución en abril de 2016, se iniciaron una serie de investigaciones por la pérdida de más de 100 millones de dólares durante su gestión, en la que por supuesto se vio implicado Jorge Plaza Márquez en la causal adicional de monopolio gubernamental

Las denuncias de corrupción en la empresa básica serían investigadas por la Comisión permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional (año 2016), que indicó que irían hasta las últimas consecuencias.

Sin embargo no se conocieron públicamente los resultados de dicha investigación.

Mientras tanto, Plaza no ha dado la cara ante las acusaciones de monopolio gubernamental, se mantiene protegido por su padrino de alto rango del gobierno a quien evidentemente suplanta jurídicamente en sus operaciones y finalmente todos los links de denuncias asociadas a estos casos han casi desaparecido de la web.

Dicho todo esto, y volviendo a lo inicial:

Estos empresarios “enchufados” que operan en paralelo con la corruptela y mafia “gubernamental” enquistada en múltiples áreas del país merecen su “garantía al derecho de olvido”?  ¿ O Deberían ser expuestas las denuncias hechas años atrás, algunas de las cuales fueron base de este articulo?

Decídalo usted estimado lector, pero mientras tanto,  ayúdenos a compartir este articulo con sus familiares y allegados de modo que la búsqueda de éste y otros casos de corrupción en Venezuela con extensión a otros países, vuelvan a aparecer en los primeros resultados de la busqueda de google, o no sean borrados de internet u ocultados en los sótanos de la web.

Por Laura De Rosa M.

Internacionalista, Jefe Editor de The Freedom Post, Columnista, Youtuber

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@LauraDeRosaMart