Los defensores de Derechos Humanos han pasado varios días sin acceso a sus abogados en una clara violación a los estatutos internacionales que rigen la materia de Derechos Humanos.
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El fiscal general de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, negó en una rueda de prensa la desaparición forzada y la persecución judicial contra el director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona.
Cómo adelantó Primer Informe, las últimas denuncias de FundaRedes, fueron el detonante para ordenaran su arresto. Tarazona había pedido precisamente al Ministerio Público que se investigara la asociación del exministro chavista, Ramón Rodríguez Chacín, con comandantes del grupo narcoterrorista Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En su rueda de prensa de hoy, el fiscal chavista Saab, ratificó que fueron esas denuncias las que propiciaron el arresto de Tarazona.
A lo largo de su intervención hizo numerosas referencias a los señalamientos hechos por el director de FundaRedes sobre el ELN. En especial de los encuentros entre antiguos funcionarios chavistas y sus relaciones comerciales con los cabecillas del grupo narcoterrorista.
Una desaparición forzada
Una vez más, el régimen chavista incurre en prácticas que se consideran crímenes de lesa humanidad. En este caso, la desaparición forzada. Y lo hace justo cuando enfrenta una posible investigación en al Corte Penal Internacional.
El Sebin detuvo a Javier Tarazona y su hermano Rafael, además de a Omar de Dios García el viernes 2 de julio. Luego, por más de 24 horas no se conoció su paradero. Fue un hecho público y notorio.
Solo algunas fotografías del traslado de Javier Tarazona, tomadas de forma furtiva, trascendieron en redes sociales.
De acuerdo con el artículo 7, inciso «i», del Estatuto de Roma, como “desaparición forzada de personas” se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas….»
En su reda de prensa, Saab intenta desmentir ese hecho. Pero admite que solo hasta el 3 de julio, al menos 24 horas después de la detención, fue que los tres defensores de DDHH fueron presentados ante el Tribunal Tercero de Terrorismo a Nivel Nacional.
Procedimiento irregular
Nunca reveló la fecha de cuándo se emitió la orden de captura contra los tres ciudadanos. Pero según confirmó Gonzalo Himiob, del Foro Penal Venezolano, dicha orden se conoció luego del arresto.
La Fiscalía chavista, lejos de estudiar las denuncias de FundaRedes, o desestimarlas, convirtió al denunciante en un blanco de la represión.
Igualmente, Saab se adelanta a emitir conjeturas condenatorias en contra de los activistas detenidos. Dijo que las denuncias de FundaRedes querían «lograr que «Venezuela sea catalogado a Nivel Internacional como un Estado promotor del terrorismo».
