La Abogacía del Estado advirtió que o se le inyectan 34 millones más a la aerolínea o no pagará lo ya recibido
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La suspensión del polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra por parte de una decisión judicial, recibió una respuesta por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo español advierte que el freno puede hundir a la empresa. El golpe financiero podría provocar la pérdida de los primeros 19 millones ya inyectados.
En primeras horas de este 22 de julio la titular del juzgado de instrucción 15, Esperanza Collazos, ordenó no abonar por el momento, los 34 millones pendientes por no hallar aún justificación.
La decisión quiere ser frenada por la Abogacía del Estado. El ente gubernamental argumenta pérdidas en las cuentas públicas. «Parece un hecho que no proceder al desembolso del préstamo pendiente, haría peligrar la devolución de los 19 millones de euros ya desembolsados al quebrar los presupuestos sobre los que se ha diseñado el plan de viabilidad de la empresa». Esto lo afirma un escrito del pasado 19 de julio, al que tuvo acceso exclusivo el diario español El Mundo.
La aerolínea aseguró ayer que la ayuda «es imprescindible», en especial por el impacto «grave» de la pandemia covid-19. Además dicen que es necesario «para mantener 354 puestos de directos y más de 2.500 indirectos».
Defensa radical
Por su parte el gobierno de Sánchez discrepa de forma radical de la jueza Collazos y dice que la única injusticia es no dar la ayuda.
«La concesión del apoyo financiero no produce ningún quebranto al fondo sino que tal quebrando se produciría en caso del incumplimiento de la obligación de su devolución por parte de Plus Ultra, lo que sin duda se ve comprometido si no se pone a su disposición la financiación autorizada». firma la Abogacía del Estado.
El juez ve indicios de malversación y fraude en subvenciones, pero la defensa critica «la infundada e injusta sospecha que sobre ellos se ha hecho recaer». Aseguran que los se{alados y la ex secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, «no tienen un interés distinto del interés general perseguido por el Fondo».
Este ente representa a los imputados por malversación que forman parte del Consejo Gestor del fondo. Aquí se incluyen a varios altos cargos de cuatro ministerios, incluyendo a la subsecretaria de Hacienda y a la secretaria de Estado de Energía. Igualmente está incluido el vicepresidente de la SEPI.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió que Plus Ultra es «estratégica». Para asegurarlo se basó en dos informes del ministerio entonces dirigido por José Luis Ábalos, el exministro socialista cercano a Delcy Rodríguez. La funcionaria venezolana a su vez tiene vinculaciones con varios accionistas de la polémica aerolínea.
«Préstamo participativo»
El préstamo aprobado a inicios de marzo de este año por el Consejo de Ministros tiene dos partes. La primera es un préstamo ordinario de 19 millones de euros ya inyectados. La segunda parte, los restantes 34 millones, se harían en forma de préstamo participativo.Anuncios
La transferencia de estos 34 millones se iba a realizar el próximo 28 de este mes pero la juez suspendió el pago para evitar que se pierda el dinero.
«La entrega no justificada supondría un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración a una situación anterior», explica el auto de la juez con la que frenó la segunda etapa del rescate.
El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas requirió a Plus Ultra que justifique en cinco días por qué lo necesita.
El «préstamo participativo» es particularmente delicado. Tiene el detalle de que puede convertir más claramente al Estado en accionista de Plus Ultra en caso del fracaso de la aerolínea.
La Abogacía del Estado dice que la juez sabía que había que realizar el pago por los 34 millones a Plus Ultra este mes tras la comunicación recibida de la SEPI. Este organismo ha tardado en dar el dinero, porque «por un principio de prudencia, no se procedió a realizar el desembolso del préstamo participativo de inmediato y se solicitaron sendos informes al asesor legal Deloitte así como a la Abogacía del Estado».
