Expertos electorales advierten que las reformas en el aparato electoral del chavismo siguen lejos de ofrecer garantías democráticas. Aunque nuevos rectores conforman el Consejo Nacional Electoral (CNE) y hay posibilidad de observación internacional, esas dos condiciones no son suficientes.
El director de la organización Súmate, Francisco Castro, explicó que algunas de estas decisiones tomadas en las últimas semanas demuestran «fragilidad jurídica del proceso electoral». Se refiere, en concreto, a la habilitación de la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
«…esa tarjeta (credencial de la organización) se encontraba inhabilitada como resultado de decisiones asociadas a tribunales del país», dijo Castro. Para la inhabilitación se argumentó un supuesto fraude en la recolección de las firmas para el revocatorio contra Maduro.
También dijeron que había un «asunto asociado a la doble militancia». Es decir, que los partidos que conformaban el bloque no podían ser parte de esa tarjeta y de sus organizaciones al mismo tiempo si querían participar en elecciones.
Castro sostiene que ahora el CNE permite el uso de la tarjeta electoral de la MUD. Pero no informa que haya una decisión de fondo aclarar si hubo algún tipo de ordenamiento del Tribunal Supremo chavista.
Partidos siguen intervenidos
La aceptación de la MUD como organización política por parte del chavismo encuentra a los partidos democráticos divididos. Los líderes más conocidos están inhabilitados políticamente o son perseguidos y están en el exilio.
El chavismo también controla varios de los partidos más importantes a través de intervenciones judiciales.
«Cuando hacemos los análisis en profundidad nos damos cuenta de que fundamentalmente no se están dando las condiciones para que verdaderamente asistamos a un proceso electoral competitivo», sostuvo Castro.
Oposición aliada de Maduro
Y añade que quienes acompañan a Maduro en su propuesta electoral son ex militantes de organizaciones vinculadas a la corrupción o de la oposición más cercana al chavismo. Con el argumento de «no abandonar espacios» justifican participar en unos comicios que carecen de garantías.
Tampoco hay una posición clara de los partidos tradicionales más grandes acerca de si participar en la elección. Dos casos reafirman la compleja situación. Uno de ellos es Acción Democrática. El partido está intervenido judicialmente, eso quiere decir que su directiva fue nombrada por el Tribunal Supremo que controla Maduro.
El otro caso es el de Voluntad Popular (VP), el partido del presidente interino Juan Guaidó. Desde hace unas semanas volvió a ser blanco de la persecución chavista. El ataque implicó la detención del diputado Freddy Guevara, uno de los principales dirigentes de la organización. Lo acusan de terrorismo.
Con información de EFE.
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