El juez federal Federico Villena rechazó in límine el pedido del abogado Maximiliano Rusconi de presentarse como representante del regimen de Nicolás Maduro y de la empresa Emtrasur en la causa donde decidió aceptar una solicitud de la Justicia de Estados Unidos de incautar el avión venezolano-iraní retenido en Ezeiza.
Tanto Venezuela como Irán presionan para que se libere al avión y a sus 19 tripulantes, en medio de una escalada diplomática.
Rusconi seguramente apelará ese rechazo de Villena. Entonces, la sala 3 de la Cámara Federal de La Plata, integrada por los jueces Roberto Lemos Arias y Carlos Vallefin, decidirá si confirma o rechaza dos temas sensibles. Por un lado, si 12 de los 19 tripulantes iraníes y venezolanos pueden volver a sus países. La fiscal Cecilia Incardona se opuso a la resolución del juez de liberar a 12 de ellos porque, argumentó, se investigan sospechas de colaboración con el terrorismo internacional. Y por otro, definirá un eventual apelación de Rusconi al rechazo in límine de ser parte de la causa.
Rusconi, quien defiende al ex ministro de Planificación Julio De Vido y tiene aceitados vínculos con el kirchnerismo, se presentó el miércoles pidiendo ser representante de la República Bolivariana de Venezuela y de la empresa Emtrasur en el caso del Boeing 747 retenido en Ezeiza. El abogado acreditó la representación de Venezuela a través del procurador general de ese país, Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza, que le confirió un «poder especial judicial».
Fuentes oficiales contaron a Clarín que Villena rechazó el argumentando de Rusconi según el cual el Tratado de Asistencia Jurídica entre la Argentina y EE.UU. es solo para cuestiones penales y el reclamo de la justicia norteamericana es del fuero comercial.
“El sistema jurídico norteamericano es distinto al argentino. Los delitos que imputa la Justicia norteamericana por el avión tienen una pena de hasta 20 años de prisión. Por lo tanto, son penales. Sería como contrabando para el código penal argentino”, contó la fuente.
Por otra parte, “Emtrasur es una empresa privada con fondos públicos, no es del estado venezolano. Distinto sería si se tratara, por ejemplo, de un avión militar de Venezuela”. Y en este caso, además, sería competencia originaria de la Corte Suprema, explicó. En todo caso, que los abogados de Venezuela «reclamen ante la justicia de EE.UU.», dijo.
El exhorto de Estados Unidos tiene un pedido de cooperación por violación a la ley de exportaciones de material sensible como un Boeing respaldado por el departamento (ministerio) de Comercio de EE.UU. Para la justicia de Washington, Maham Air (la empresa iraní del piloto retenido Gholamreza Gashemi) debería haber pedido permiso a Boeing para haber vendido el avión primero a Rusia, luego haberlo recomprado Irán y finalmente entregado a Venezuela.
Además, el departamento del Tesoro, a través de su oficina de activos en el exterior (OFAC, en inglés), sancionó a Mahan Air por transportar tropas y armas del Hezbollah del Líbano y de los talibanes de Afganistán, considerados grupos terroristas, a Siria. El Hezbollah está acusado como autor material de los atentados a la embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994).
En el escrito rechazado, Rusconi requirió al magistrado que se autorice a «tomar vista y extraer copias de las presentes actuaciones, suspendiendo los plazos procesales en curso (…) con el objeto de analizar los caminos procesales tendientes al aseguramiento de los derechos de su poderdante y de ejercitar eficazmente su representación».
El escrito indicó que «se encuentra acreditado en autos que la Empresa de Transporte de Aerocargo del Sur (Emtrasur) resulta ser propietaria de la aeronave marca Boeing, modelo B747-3B3, matrícula YV3531 -de bandera venezolana-«, y añadió que «también se encuentra acreditada en autos la nacionalidad venezolana de 14 personas miembros de la tripulación».
El legítimo interés de la República Bolivariana de Venezuela resulta evidente; ello, debido al vínculo de ese Estado con una sociedad de la que Emtrasur forma parte, y por tanto, como directamente perjudicado respecto del secuestro de la aeronave de bandera que habría sido dispuesto en estos autos en fecha 11/8/2022 como consecuencia de un supuesto ‘pedido’ cursado por el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica», se consignó en el escrito firmado por el abogado Gabriel Palmeiro, que integra el estudio de Rusconi.
«El Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales con el gobierno de Estados Unidos de América no resulta aplicable al caso que nos ocupa -y por tanto que no puede utilizarse dicho instrumento con el objeto de cercenar los derechos de mi poderdante”, sostuvo ese estudio.
El acuerdo bilateral “resulta de exclusiva aplicación en los procedimientos relacionados con cuestiones penales mientras que la pretensión que pretende canalizar en autos el Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica resulta de otra naturaleza (comercial), cuestión que, además, lo priva de legitimación activa en estos actuados», sostuvo Rusconi.
A principios de agosto el Departamento de Justicia de Estados Unidos había transmitido una solicitud a las autoridades argentinas para incautar el avión de carga Boeing 747-300, luego de que se revelara una orden de incautación emitida por la corte de Distrito de Columbia el 19 de julio pasado.
El 11 de agosto Villena había hecho lugar al pedido de Estados Unidos de incautar el avión venezolano retenido en Argentina desde hace más de dos meses, como paso previo a un pedido de decomiso.
El magistrado lo resolvió en el marco del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales con Estados Unidos aprobado por la ley 24.034 de 1991. Y permitió que agentes del FBI allanaran el avión y se llevaran copia de la documentación.
El avión, que permanece en el aeropuerto internacional de Ezeiza, quedará en la Argentina a disposición de la Justicia local y, ahora también, de la del distrito de Columbia, Washington, que había reclamado su incautación.
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