La Corte de Apelación de Londres se pronunciará en las próximas semanas sobre el caso del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra y cuya autoridad se disputan la administración de Nicolás Maduro y la gestión del líder opositor Juan Guaidó.
Los tres jueces del tribunal londinense han señalado que comunicarán su decisión en una fecha indeterminada y primero en privado a las dos partes: por un lado la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) designada por Maduro y por el otro la junta paralela nombrada por la oposición.
Ambas partes terminaron sus alegatos este miércoles 24 de mayo, un día antes de lo previsto.
La Corte debe determinar si acepta o rechaza un dictamen emitido el 29 de julio por la jueza Sara Cockerill de la división comercial del Tribunal Superior, que daba a la junta «ad hoc» del BCV nombrada por Guaidó acceso a las reservas valoradas en más de 1.800 millones de dólares.
La junta del BCV de Maduro, presidida por Calixto Ortega -presente en la sala-, sostiene que Cockerill erró al concluir que no podía dar efecto en base al derecho inglés a unas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano que anulaban los nombramientos del entonces líder opositor a su junta.
La jueza constató que, por la doctrina de «Una sola voz» -que conmina a la judicatura y el Gobierno británicos a actuar unificados en política exterior-, debía aceptar como actos soberanos esas designaciones de Guaidó, a quien desde febrero de 2019 el Ejecutivo del Reino Unido reconocía como presidente interino de Venezuela.
El abogado de la junta «ad hoc» de Guaidó, Andrew Fulton, rechazó hoy un argumento presentado el martes por el bando de Maduro, que pidió a la Corte que, al analizar el fallo, tenga en cuenta que el Gobierno británico dejó de reconocer a Guaidó el pasado enero, después de que fuera destituido en diciembre de 2022 por los grupos de la oposición venezolana.
Richard Lissack, abogado del oficialismo, adujo que si Londres ya no reconoce a Guaidó, la doctrina de «Una sola voz» ya no impediría reconocer las sentencias anulatorias de su junta emitidas en 2019 por el Supremo caraqueño.
Fulton sostuvo que el dictamen de Cockerill «no se ve afectado en absoluto por los acontecimientos políticos en Venezuela» e instó a los magistrados a ceñirse a la coyuntura que había cuando fue emitido.
En sus documentos presentados ante el tribunal, este abogado explica que, al margen del cese de Guaidó, la junta «ad hoc» se mantiene «y sigue queriendo representar al BCV en esta jurisdicción» para reclamar el oro.
«Los miembros de la junta de Guaidó fueron designados por actos ejecutivos del entonces reconocido como presidente interino (…), y tales actos siguen siendo válidos (en Inglaterra) a menos y hasta que sean repudiados por un nuevo presidente o Gobierno», afirma.
Fulton subraya que, aunque el Reino Unido ya no reconoce a Guaidó, tampoco acepta como presidente legítimo a Nicolás Maduro.
Cuando se publique el resultado de este recurso y con independencia de si es o no favorable, el bando de Maduro prevé presentar una nueva demanda ante la sala comercial para que decida quién puede acceder a las reservas ahora que Londres ya no reconoce a Guaidó, indicó a EFE una fuente del equipo legal.
Paralelamente, la junta «ad hoc» del BCV reclama a la de Maduro que le abone costes legales (por un pleito que perdió) por unos 2 millones de libras (2,3 millones de euros), si bien los abogados del bando oficial alegan que ese dinero que invirtió la oposición no era suyo sino que pertenecía a Venezuela.
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