El 36% de los niños en Ecuador vive en hogares pobres, según revelaron varias organizaciones no gubernamentales (ONG) relacionadas con la infancia, según un estudio presentado este martes en Quito.
El informe ha mostrado que la pobreza genera en la infancia ecuatoriana problemas como la desnutrición, el acceso a la escuela, los cuidados en salud y una serie de restricciones en sus proyectos de vida a futuro.
En el texto, presentado durante una actividad académica en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador (PUCE), se remarcó que esta situación se agrava en las zonas rurales, dónde la pobreza afecta a cerca del 43% de los niños, y también en el caso de la población infantil indígena, con el 61%.
El informe, elaborado por 25 organizaciones de la sociedad civil y cerca de un medio centenar de expertos, fue presentado con el objetivo de reflejar la situación del país en torno al cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, suscrita por Ecuador en 1990.
Para las ONG, uno de los principales efectos de la pobreza en la infancia es que vuelve a esta población vulnerable ante la presión de la delincuencia y el crimen.
Por ello, el informe destacó el efecto que ha tenido en la infancia pobre la situación de «conflicto armado interno» declarado por el presidente del país, Daniel Noboa, para frenar el auge de la delincuencia.
Las organizaciones han expresado en su informe su preocupación por el incremento de la participación de niños y adolescentes en actividades delictivas, así como en el aumento de asesinatos de menores en las calles.
Verónica Pólit, de la ONG Pacto por la Niñez y la Adolescencia, aseguró que este tipo de crisis genera responsabilidades para el Estado y advirtió de que la sociedad debería dar soluciones para evitar la captación y explotación de los niños por parte de bandas del crimen organizado.
El informe también recoge datos sobre el aumento del empleo infantil en el país, ya que en 2022 el número de niños que trabajaban era de 270.340, mientras que en la actualidad asciende a 370.000, lo que supone un aumento del 37%.
Asimismo, el informe observó las altas tasas de maltrato físico y psicológico en la población infantil, ya que entre 2018 y 2023 las denuncias por violencia sexual a niños y adolescentes sumaron 51.235.
Las ONG expresaron su desencanto por el alto nivel de impunidad en torno a las denuncias de violencia pues, según advirtieron, ese indicador llega al 95% y solo el 4,15% de los casos acaban en una sentencia.
El objetivo de la difusión de este informe es “dar voz a los niños y niñas” y mostrar una “actitud más firme y demandante para que sus derechos sean cumplidos”.
Por ello, el informe aconsejó a las autoridades implementar políticas públicas a escala nacional y que sean efectivas, así como una mayor inversión que permita asegurar el bienestar y desarrollo integral de la niñez y adolescencia en Ecuador.
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