¿Por qué la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha sugerido que el incremento de la delincuencia en el país se debe a la presencia de extranjeros, especialmente venezolanos? Exigiéndoles contrato de trabajo y alquiler para hacerles un “seguimiento financiero”.
Boluarte afirmó que en Perú los migrantes estarían cometiendo gran parte de los actos delictivos.
Estas declaraciones acompañan su anuncio de un estado de emergencia en las zonas fronterizas para reforzar el control de entrada de extranjeros y la reforma de la ley de extranjería.
Pero, ¿realmente es justa esta acusación?. ¿Es posible que toda la culpa de la inseguridad recaiga sobre los extranjeros?
Las palabras de Boluarte, parecen más un intento de redirigir la atención de la ciudadanía hacia los migrantes, culpándolos de la criminalidad, en lugar de asumir responsabilidad por la gestión interna del país.
¿Resulta conveniente enfocarse en los migrantes, dejando en segundo plano los problemas de corrupción dentro de las instituciones peruanas y la gestión deficiente?
Esta narrativa, que asocia directamente la migración venezolana con el aumento de delitos, ha sido percibida por muchos como una estrategia para desviar las críticas y enfocar la frustración social en los más vulnerables.
Vamos a analizar los datos para confirmar si realmente las declaraciones de Boluarte coinciden con la realidad.
¿Es posible establecer una relación entre la incidencia delictiva y la migración venezolana?
Análisis de la Relación entre la Migración Venezolana y la Incidencia Delictiva en Perú
Desde 2017, la migración venezolana en Perú ha aumentado considerablemente, convirtiéndose en el segundo país con mayor población migrante venezolana a nivel mundial. Actualmente, se estima que aproximadamente 1.66 millones de venezolanos residen en Perú, de los cuales el 69.6% vive en Lima Metropolitana, que alberga cerca del 30% de la población total del país (SNM, 2023).
A pesar del incremento de la población migrante, las denuncias de delitos vinculados a ellos han mostrado una disminución.
En 2020, las denuncias contra migrantes por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud representaron el 2.2% del total nacional; este porcentaje disminuyó al 0.4% en agosto de 2023. En términos poblacionales, esto se traduce en que 23 de cada 100,000 venezolanos fueron denunciados por estos delitos en 2022, en comparación con 132 por cada 100,000 peruanos. (OIM)
La situación se refleja también en el sistema penitenciario: en agosto de 2023, 6 de cada 100,000 venezolanos estaban encarcelados por homicidios, mientras que esta cifra es de 12 por cada 100,000 para los peruanos.
En cuanto a delitos contra el patrimonio, en abril de 2023, 98 de cada 100,000 venezolanos fueron denunciados, en contraste con 412 por cada 100,000 peruanos. (OIM)
En lo que respecta a delitos contra la libertad, incluidos los casos de violación sexual, las denuncias aumentaron de 32,073 en 2020 a 37,718 en 2022. Sin embargo, solo 18 de cada 100,000 venezolanos fueron denunciados por estos delitos, en comparación con 111 por cada 100,000 peruanos. (OIM)
La percepción pública sobre la relación entre migración y delincuencia ha cambiado significativamente. Una encuesta nacional de 2020 reveló que el 67% de la población asociaba la migración venezolana con el aumento delictivo, un incremento notable desde el 43% en 2018.
Otro estudio mostró que, en 2021, se sobrestimaba que el 50% de los migrantes venezolanos cometían delitos, y el 83% de los encuestados creía que la migración había contribuido a la inseguridad en el país. (OIM)
A pesar de esto, los datos muestran que, a pesar de la creciente migración venezolana en Perú, su participación en la delincuencia es significativamente menor en comparación con la población peruana. Esto sugiere que las percepciones negativas hacia los migrantes pueden no estar fundamentadas en la realidad y que es crucial abordar la información de manera objetiva y basada en evidencias.
Datos Criminales y Penitenciarios
- Población penitenciaria por homicidio calificado y simple 2023 (fuente: INPE)
Homicidios:
Homicidio Calificado:
Total 3,162
3,058 (97%) peruanos
74 (2.3%) son venezolanos.
Homicidio Simple:
Total 1,034,
997 (96%) peruanos
27 (2.6%) son venezolanos.
B) DELITOS CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD (fuente: INEI y PNP):
- 2020: total 33927, peruanos 33187 (97.8%), venezolanos 652 (2.2%)
- 2021: total 39302, peruanos 38411 (97.3%), venezolanos 770 (2.7%)
- 2022: total 45141, peruanos 44724 (99%), venezolanos 344 (1%)
- 2023: total 31552, peruanos 31419 (99.6%), venezolanos 109 (0.4%)
C) DELITOS CONTRA PATRIMONIO (fuente: INEI y PNP):
- 2020: total 189656, peruano 187478 (98.8%), venezolanos 1890 (1. 2%)
- 2021: total 247672, peruanos 243972 (98.5), venezolanos 3199 (1.5%)
- 2022: total 316728, peruanos 314968 (99.44%), venezolanos 1488 (0.56%)
- 2023: total 139498, peruanos 138885 (99.56%), venezolanos 526 (0.44%)
D) POBLACIÓN POR DELITOS PATRIMONIALES 2023 (fuente: INEI, PNP, INPE)
- Robo agravado: total 22180, peruanos 21034 (95%), venezolanos 993 (2.5%)
- Hurto agravado: total 2372, peruanos 2306 (97%), venezolanos 43 (1. 8%)
E) POBLACIÓN PENITENCIARIO DE VIOLADORES 2023 (fuente: INPE)
- Violación sexual a menores de edad: total 11114, peruanos 11059 (99.1%), venezolanos 41 (0.4%)
- Violación sexual: total 3904, peruanos 3871 (99%), venezolanos 19 (0.5%)
- Actos contra pudor en menores de 14 años: total 2769, peruanos 2760 (99.4%), venezolanos 7 (0.3%)
F) Denuncias por delitos contra la libertad incluida la libertad sexual (fuente: PNP)
- 2020: total 32073, peruanos 31711, venezolanos 491
- 2021: total 36336, peruanos 35602, venezolanos 584
- 2022: total 37718, peruanos 37346, venezolanos 292
- 2023: total 26193, peruanos 26074, venezolanos 97
Además de estos datos, la criminalidad en Perú de parte de sus propios policías también aumenta.
En los últimos meses, ha habido un aumento de denuncias en los medios que implican a miembros de la Policía en presuntos actos de corrupción. Diversos reportes han revelado casos de oficiales involucrados en actividades ilícitas como la protección a bandas delictivas, extorsión a ciudadanos y cobro de sobornos para dejar pasar mercancías ilegales.
Además, investigaciones recientes han señalado que existe un vínculo entre agentes policiales y el crimen organizado, ya sea proporcionando información sensible o colaborando directamente con estos grupos.
Puedes ver las noticias aquí:
. PNP y Fiscalía detienen a seis policías por estar implicados en presuntos actos de corrupción
. «No podemos tapar el sol con un dedo»:general PNP informa que hay policías involucrados en extorsiones
. Detención preliminar para policías involucrados en extorsión en Jicamarca
Estas revelaciones son preocupantes y podrían estar influyendo en el aumento de la criminalidad.
La corrupción interna, al no ser debidamente enfrentada, permite la expansión de redes delictivas y genera desconfianza en la ciudadanía hacia la autoridad. Sin embargo, este problema ha recibido poca atención por parte del gobierno de Dina Boluarte. ¿Por qué la narrativa se centra tanto en culpar a los migrantes, en lugar de enfocarse en limpiar sus propias instituciones? Es lógico preguntarse si esta estrategia sirve como una cortina de humo para desviar la atención de los problemas internos.
Mientras Boluarte responsabiliza a los migrantes venezolanos del aumento de delitos, el hecho de que miembros de su propia policía estén implicados en corrupción y crimen organizado plantea una cuestión fundamental: ¿quién es realmente responsable de la inseguridad en el país? ¿Podría ser que el enfoque en los extranjeros esté enmascarando la falta de control sobre las fuerzas del orden?
Ignorar estos problemas internos no solo afecta la efectividad policial, sino que también podría estar incrementando la percepción de impunidad y, por ende, la criminalidad general en Perú.
Es pertinente cuestionarse si este discurso gubernamental es más una estrategia política que una verdadera preocupación por la seguridad ciudadana.
Las preguntas quedan abiertas: ¿por qué la prioridad es reformar leyes migratorias en lugar de enfrentar la corrupción y la falta de recursos en el sistema de justicia? ¿Acaso es más sencillo buscar un chivo expiatorio que asumir la responsabilidad de la seguridad interna? Estas preguntas reflejan la preocupación de que los verdaderos problemas de fondo sigan sin atenderse, mientras la xenofobia crece en la población.
Un reportaje para The Freedom Post por:
Yeimy Araujo y Aldo de Vivo
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