Alerta en México: candidatos a jueces bajo sospecha por vínculos con el crimen organizado

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A poco más de dos semanas del inicio de las históricas campañas judiciales en México, la controversia se intensifica ante las acusaciones de organizaciones civiles que señalan a más de una docena de candidatos por supuestos nexos con el narcotráfico, asesinatos y otros criminales.

Diversas ONG defensoras de los derechos civiles han alzado la voz para advertir sobre los graves riesgos que implica la elección popular de jueces.

De cara a la jornada electoral del 1 de junio, el grupo Defensorxs ha documentado 13 casos preocupantes en su plataforma «Justicia en la mira». Estos candidatos estarían «relacionados con el crimen organizado, delitos sexuales, sectas político-religiosas y otras irregularidades». Entre los casos más destacados se encuentra el de Silvia Rocío Delgado, exabogada del reconocido narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera, quien aspira a una judicatura penal local en el estado de Chihuahua. La asociación señala que Delgado formó parte del equipo legal de Guzmán Loera desde 2016, actuando como enlace directo y manteniéndolo informado sobre su situación jurídica.

Otro caso que genera alarma es el de Francisco Herrera Franco, candidato a juez penal federal en Michoacán. Herrera Franco, quien durante su gestión como fiscal (2020-2022) fue apodado «el fiscal del terror», enfrenta acusaciones de pactos con criminales y una posible implicación en el asesinato de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares en 2022.

«No podemos permitir que quienes cuentan con serias acusaciones de corrupción, violencia y complicidad con el crimen organizado intenten ser ahora los principales responsables de la impartición de justicia», manifestaron Defensorxs y otras siete agrupaciones en un comunicado conjunto.

La polémica se intensificó esta semana con la denuncia de Nicollino Cangiamilla, candidato a magistrado en Sonora, ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Cangiamilla acusa al colectivo Ni Una Más Hermosillo de difamación por señalar su presunta negligencia como director del sistema penitenciario local, donde la joven Paula Josette falleció durante una visita conyugal irregular.

Briseida Arizona Velarde, madre de la víctima, expresó su consternación en una entrevista, lamentando que el INE, organismo encargado de organizar estas inéditas elecciones judiciales, haya permitido la candidatura del exfuncionario. Velarde acusa a Cangiamilla de omisiones en los protocolos de seguridad en este y otros casos.

“Es una burla, muchos candidatos incumplen requisitos mínimos del perfil al puesto que aspiran, en funciones anteriores violentaron derechos humanos, hubo omisiones, negligencias, no actuaron conforme a su responsabilidad pública, es lamentable que por desconocimiento vayamos a votar, sin conocer a los candidatos», declaró la madre.

Ni Una Más Hermosillo ha denunciado públicamente las presuntas omisiones de Cangiamilla, quien estuvo a cargo de las cárceles de Sonora hasta su destitución en 2024, tras la muerte de Paula Josette. Aunque inicialmente se informó de un infarto, un peritaje posterior reveló signos de violencia, lo que llevó a la detención de ocho exfuncionarios.

En respuesta a las acusaciones, el candidato Cangiamilla ha solicitado al INE que identifique a las activistas del colectivo y cese su señalamiento público.

«Los colectivos alzaron la voz, muchos aspirantes no cumplen requisitos por su historial y el INE, antes de autorizar candidaturas, debería investigar la trayectoria de aspirantes», opinó Arizona Velarde. «No deberían perseguir activistas que buscamos un cambio en el Estado, sino perseguir a delincuentes que buscan otro cargo, cuando incumplieron sus responsabilidades”, añadió.

Más de 20 agrupaciones se han sumado a la protesta, advirtiendo que no permanecerán en silencio y se opondrán a que el exfuncionario acceda al cargo de magistrado.

Cabe recordar que cerca de 100 millones de electores en México están llamados a elegir el próximo 1 de junio un total de 881 cargos federales entre 3 mil 422 candidaturas, incluyendo puestos en la Suprema Corte, tras la reforma constitucional promulgada en septiembre por el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador.

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