El Gobierno italiano, encabezado por la primera ministra Giorgia Meloni, dio un paso decisivo el pasado lunes 5 de agosto al aprobar un proyecto de ley que busca limitar el acceso de menores a tratamientos médicos relacionados con la transición de género. La iniciativa, que debe ser ratificada en el Parlamento, plantea controles más estrictos sobre el uso de bloqueadores hormonales y terapias de afirmación de género en adolescentes, alegando la necesidad de proteger su salud física y mental.
La nueva normativa contempla la creación de un registro nacional supervisado por la Agencia Italiana de Medicamentos (AIFA), que recopilará historiales clínicos y garantizará un seguimiento riguroso de los tratamientos. Además, cualquier intervención médica en menores deberá contar con la aprobación previa de un comité nacional de pediatras especializados en bioética, hasta que el Ministerio de Salud establezca protocolos claros.
El Gobierno justifica esta reforma señalando que busca «proteger a los menores y garantizar decisiones fundamentadas en el máximo rigor científico y ético». Esta medida llega en un contexto de debate intenso en Europa sobre la atención médica a personas transgénero, y tras un estudio reciente en Italia que reveló que más del 50% de los jóvenes sometidos a terapias de transición experimentan ansiedad o depresión, con índices aún mayores entre quienes se identifican como no binarios.
Meloni, conocida por su postura crítica hacia lo que llama «ideología de género», ha defendido repetidamente una visión conservadora de la familia y la infancia. Desde su llegada al poder en 2022, su coalición ha impulsado reformas que limitan el reconocimiento jurídico de parejas del mismo sexo, generando fuertes polémicas con sectores progresistas.
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Organizaciones LGBTI y colectivos afines han rechazado la medida, calificándola de discriminatoria. No obstante, la mayoría parlamentaria oficialista mantiene firme su respaldo a la ley, que probablemente será aprobada sin mayores dificultades.
De implementarse, esta legislación representará un cambio significativo en la política sanitaria italiana para menores trans y aumentará las tensiones en un continente dividido sobre los derechos y cuidados relacionados con la identidad de género.
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