Diversos sectores provida, profamilia y jurídicos encendieron las alarmas en Venezuela luego de que la presidente (E) del régimen, Delcy Rodríguez, solicitara públicamente al Tribunal Supremo de Justicia la elaboración de una doctrina sobre la denominada “diversidad” y la “sexodiversidad” como supuesto derecho humano fundamental.
La petición fue realizada durante el balance de los primeros 100 días del denominado Programa por la Convivencia Democrática y la Paz, donde Rodríguez pidió formalmente a la Sala Constitucional del TSJ construir un marco jurídico sobre estas materias.
“Quiero pedirle a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una Doctrina sobre la Diversidad (…) Queremos ese aporte al país, a nuestro país”, expresó Rodríguez durante su intervención.
Asimismo, agregó que “vamos a construir lo que significa un derecho fundamental que he entendido con mayor amplitud con el Programa por la Paz y la Convivencia Democrática, que es el derecho de ser diverso y eso lo aplico no solamente para la sexo diversidad, sino para la diversidad política”.
Según explicó la funcionaria, su visión sobre el reconocimiento de la “otredad” se fortaleció a través de las mesas de diálogo instaladas en los últimos meses, insistiendo en la necesidad de desarrollar una doctrina jurídica que respalde estas realidades sociales y políticas.
Frente a este escenario, distintas organizaciones y activistas comenzaron a movilizarse denunciando lo que consideran un intento de introducir progresivamente la ideología de género mediante reglamentos administrativos, interpretaciones judiciales y modificaciones indirectas al concepto constitucional de familia.
“Hoy queremos hablarle a cada padre, a cada madre y a cada venezolano que ama este país. Porque detrás de discursos aparentemente inofensivos, se están impulsando transformaciones que podrían alterar silenciosamente nuestras leyes, nuestros valores y el futuro de nuestros hijos”, expresó Pedro Pablo Fernández durante un pronunciamiento difundido en redes sociales.
Por su parte, Linda Márquez aseguró que “desde altas esferas del poder se ha pedido construir una doctrina sobre la llamada ‘diversidad’ como nuevo derecho humano fundamental, intentando imponer conceptos ajenos a nuestra sociedad y redefinir la familia”.
Las organizaciones sostienen que actualmente existen reglamentos en desarrollo relacionados con leyes de familia, maternidad, educación, infancia y adolescencia, donde temen que se incorporen conceptos como “familias homoparentales” y enfoques ideológicos vinculados al activismo LGBT.
“Mientras el país enfrenta grandes desafíos, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Es momento de defender los valores que sostienen nuestra sociedad: la familia, la educación y el compromiso con el prójimo”, afirmó José Ribero.
En la misma línea, Said Carrasquel señaló que “esto no se trata de política partidista. Se trata del futuro cultural y jurídico de Venezuela. Y el silencio ante esta amenaza también tendrá consecuencias irreversibles”.
Uno de los principales puntos jurídicos del debate gira en torno al artículo 77 de la Constitución venezolana, que establece expresamente que el matrimonio protegido por el Estado es entre un hombre y una mujer.
“Se está intentando distorsionar el verdadero contenido de decisiones judiciales como la Sentencia 190 del Tribunal Supremo de Justicia para hacer creer que la Constitución ya reconoce modelos familiares que nunca fueron aprobados por el constituyente”, advirtió Tunnisky Castillo.
Asimismo, Indira Castillo sostuvo que “la Constitución venezolana fue clara: el matrimonio protegido por el Estado es entre un hombre y una mujer. Eso no es odio. Eso es el texto constitucional vigente”.
Las organizaciones recuerdan que la sentencia 190/2008 de la Sala Constitucional no reconoció matrimonio igualitario, ni adopción homoparental, ni equiparó jurídicamente relaciones homosexuales al matrimonio constitucionalmente protegido.
“Nos preocupa que quieran transformar el concepto de familia mediante reglamentos, doctrinas o interpretaciones ideológicas, sin consulta nacional y sin debate público”, expresó Maribel Castillo.
Otro de los focos de preocupación gira en torno al sistema educativo y la llamada Educación Integral de la Sexualidad (ESI). Los movimientos provida denuncian que diversos materiales escolares contienen enfoques ideológicos sobre sexualidad y género sin autorización de padres y representantes.
“También nos preocupa el avance de contenidos educativos que pueden vulnerar la inocencia de los niños y desplazar el derecho preferente de los padres en la formación de sus hijos”, manifestó Yeimi Araujo.
En el mismo pronunciamiento, Koralia Gámez afirmó que “no podemos normalizar que pequeñas minorías pretendan llevar sus visiones morales al ámbito público para redefinir instituciones fundamentales de toda la sociedad”.
Mientras tanto, Ángel Monroy lanzó un llamado a la movilización social: “Hay cambios que llegan disfrazados de avance, pero terminan debilitando los pilares de una nación. Por eso hoy alzamos nuestra voz con responsabilidad y convicción”.
Las organizaciones anunciaron además una campaña nacional de recolección de firmas para consignarlas ante la Asamblea Nacional, exigiendo respeto al texto constitucional y rechazo a cualquier modificación indirecta del concepto de familia.
También informaron sobre talleres educativos en planteles del país y transmisiones en vivo junto a abogados y especialistas para analizar las implicaciones jurídicas, educativas y sociales del tema.
“Que el silencio no decida el futuro de Venezuela”, expresaron de forma conjunta los participantes del pronunciamiento, mientras un grupo de niños cerró el mensaje afirmando: “Hoy más que nunca, defender la familia y el matrimonio es defender a Venezuela”.
https://www.instagram.com/reel/DYnnMYPx734/?igsh=bnEyMHNobm5zd2Vk
PARA MÁS INFORMACIÓN, entre al link de nuestra Bio , al portal www.TheFreedomPost.com o ingrese a nuestro canal telegram https://t.me/TFPOficial
 del régimen, Delcy Rodríguez){kind=link}