La negativa de las autoridades venezolanas a permitir el acceso de algunos equipos internacionales de rescate tras el terremoto del 24 de junio continúa generando interrogantes.
La controversia aumentó luego de que se viralizara un video en el que se observa al ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, impidiendo el paso a un rescatista estadounidense que intentaba ingresar a una zona de búsqueda en La Guaira. Desde entonces, distintos rescatistas extranjeros han denunciado restricciones para acceder a determinados edificios, mientras continuaban las labores para localizar sobrevivientes.
Aunque un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos calificó el episodio como un «desafortunado malentendido» entre autoridades estadounidenses y venezolanas, las dudas persisten debido a la importancia estratégica de La Guaira para el régimen.
Diversos analistas recuerdan que La Guaira alberga el principal aeropuerto internacional del país, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, así como uno de los puertos marítimos más importantes de Venezuela. Durante años, organismos estadounidenses han señalado esa zona como un punto clave para operaciones de narcotráfico, contrabando y lavado de dinero presuntamente vinculadas a altos funcionarios del chavismo.
Cabello enfrenta una acusación formal en una corte federal del Distrito Sur de Nueva York por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, conspiración para importar cocaína y cargos asociados a armas de fuego. Además, Estados Unidos incrementó en 2025 la recompensa ofrecida por información que conduzca a su captura o condena.
Tras el terremoto, también surgieron denuncias de saqueos, extorsiones y obstáculos impuestos por funcionarios y cuerpos de seguridad a brigadas internacionales de rescate. Aunque varias de estas denuncias no han sido confirmadas de manera independiente, han alimentado las críticas sobre la gestión de la emergencia.
Algunos rescatistas sostienen que encontraron bóvedas o cajas fuertes en los sótanos de edificios colapsados. Un miembro de uno de estos equipos aseguró que vecinos afirmaban que pertenecían a estructuras vinculadas al crimen organizado. Sin embargo, hasta el momento no existen pruebas públicas que confirmen esas versiones ni que establezcan el contenido o la propiedad de dichas instalaciones.
Después de la tragedia de Vargas de 1999, el gobierno de Hugo Chávez impulsó una amplia reconstrucción del estado, levantando numerosos complejos habitacionales que hoy quedaron gravemente afectados por el sismo. Para algunos críticos del régimen, las restricciones impuestas a rescatistas internacionales buscan limitar el acceso a zonas consideradas sensibles desde el punto de vista político y de seguridad.
Hasta ahora, el gobierno venezolano no ha ofrecido una explicación detallada sobre las denuncias de restricciones a determinados equipos de rescate ni sobre los criterios utilizados para controlar el acceso a algunas áreas de La Guaira.
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