MADRID / CEUTA — La diplomacia del paño caliente y los discursos de buenos modales se han vuelto a estrellar contra la realidad en la frontera sur. El reciente pronunciamiento del presidente de Ceuta ha puesto el dedo en la llaga de una contradicción que el diplomatismo biempensante prefiere ignorar: la incompatibilidad entre pretender la proyección internacional de un Estado moderno y actuar en la práctica como un régimen que instrumentaliza la vulnerabilidad de su propia población.
«Si Marruecos es un país válido para organizar conjuntamente un Mundial, también tendrá que ser un país válido para atender a sus menores». La sentencia, tajante y sin los habituales adornos del lenguaje institucional, no solo es impecable en su lógica formal, sino que desnuda el doble rasero con el que Rabat gestiona sus relaciones con España y la Unión Europea.
La fachada del progreso frente a la desatención real
Resulta inverosímil que un país con la capacidad logística, financiera e institucional para postularse como coanfitrión del mayor evento deportivo del planeta —el Mundial de Fútbol— externalice de manera sistemática la responsabilidad de su propia infancia. Un Estado verdaderamente soberano y con vocación de vanguardia no descarga la custodia de sus niños en la administración vecina ni utiliza el flujo de menores como un vector de presión constante sobre las finanzas y la seguridad de Ceuta.
La cooperación internacional no es un cheque en blanco ni un marco de negociación unilateral donde una de las partes asume las facturas y la otra impone las condiciones. Exige reciprocidad, respeto a los tratados y, sobre todo, compromisos reales en materia de derechos humanos e integridad territorial.
La protección de la infancia no se demuestra con infraestructura mundialista ni con campañas de imagen pública en el exterior, sino garantizando dentro de las propias fronteras las condiciones básicas de desarrollo y facilitando el retorno de los menores con sus familias.
¿Cooperación o guerra híbrida?
La inacción deliberada de Rabat ante esta problemática obliga a abandonar las ingenuidades geopolíticas. Cuando la cesión de la responsabilidad sobre los menores se convierte en un patrón recurrente, deja de ser un problema estrictamente social o humanitario para transformarse en una herramienta de presión política. La utilización de vulnerabilidades demográficas e infantiles como mecanismo para erosionar la soberanía o forzar concesiones diplomáticas se encuadra de lleno en las tácticas de la denominada guerra híbrida.
Marruecos se encuentra ante una encrucijada reputacional. No se puede reclamar la mesa de los actores globales de primer nivel mientras se aplican lógicas de chantaje fronterizo. Es momento de que el Reino Alauí asuma su responsabilidad histórica y legal, garantice la protección de sus ciudadanos más jóvenes y coopere de forma efectiva en su repatriación. España no puede seguir tolerando que la estabilidad de su frontera sur dependa de los vaivenes estratégicos de un vecino que exige trato de socio pero actúa bajo la lógica de la imposición.
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