Massachusetts, 5 de septiembre de 2026. — El juicio de Lindsay Clancy terminó sin veredicto después de que un único integrante del jurado mantuviera una posición diferente a la de los otros 11. Pero la controversia no terminó con la declaración del juicio nulo.
Ahora, la conducta de la defensa hacia ese jurado abre otra discusión: ¿hasta dónde puede llegar un abogado al cuestionar al ciudadano cuyo voto impidió el resultado que esperaba?
La defensa de Clancy, encabezada por el abogado Kevin Reddington, presentó una petición de emergencia ante la máxima corte de Massachusetts en medio del bloqueo del jurado.
En ella cuestionó la actuación del único disidente y sostuvo que su razonamiento reflejaba un “sesgo contra aquellos que sufren de enfermedad mental”.
La defensa buscaba que el tribunal interviniera ante lo que consideraba una negativa de ese jurado a aplicar correctamente las instrucciones legales y el estándar de duda razonable.
La petición fue rechazada.
Un jurado no está obligado a ceder ante otros 11
Aquí aparece un problema que trasciende por completo a Lindsay Clancy.
El sistema de jurados depende de que cada integrante pueda analizar las pruebas, escuchar las instrucciones del juez y alcanzar su propia conclusión.
Un jurado no está obligado a cambiar su posición simplemente porque los otros 11 piensen diferente.
Precisamente por eso existe el requisito de unanimidad: si uno de los 12 mantiene razonablemente una posición distinta, no existe un veredicto unánime.
Convertir ese desacuerdo en una acusación de “prejuicio” porque el voto de esa persona impide el resultado esperado por una de las partes abre una discusión delicada sobre la independencia de quienes aceptan servir como jurados.
¿Qué mensaje recibe el próximo ciudadano convocado como jurado?
La pregunta tiene consecuencias que van mucho más allá de este proceso.
¿Qué mensaje recibe un ciudadano estadounidense cuando es convocado para integrar un jurado?
¿Que puede analizar libremente las pruebas y mantener su posición aunque sea el único que piense diferente?
¿O que, si su voto resulta incómodo para alguna de las partes, podría terminar públicamente señalado y acusado de tener prejuicios?
El problema potencial es evidente: el servicio de jurado requiere ciudadanos dispuestos a tomar decisiones difíciles sin temor a consecuencias personales por el resultado de sus deliberaciones.
Si quienes mantienen una posición minoritaria creen que posteriormente pueden convertirse en objeto de ataques públicos de los abogados involucrados, podría generarse un efecto intimidatorio incompatible con la independencia que se espera de esa función.
La ofensiva contra el jurado no terminó en el tribunal
La controversia tampoco quedó limitada al escrito presentado ante la corte.
Después de cuestionar al jurado mediante la petición de emergencia, Reddington realizó declaraciones públicas sobre el disidente y sobre las razones por las cuales consideraba problemática su actuación.
Fue precisamente la defensa la que hizo público que el integrante que mantenía la posición contraria era un hombre.
Eso convirtió a un ciudadano que había participado en deliberaciones confidenciales en protagonista de la discusión pública alrededor de uno de los procesos penales más mediáticos de Massachusetts.
El juez no removió al jurado
La defensa había solicitado la intervención judicial sobre el disidente, pero el juez William Sullivan no encontró fundamento suficiente para apartarlo.
La Fiscalía también cuestionó la interpretación de la defensa: a partir de las comunicaciones provenientes del jurado no podía determinarse automáticamente que fuera el único disidente —y no los otros 11— quien estuviera interpretando incorrectamente las instrucciones legales.
Finalmente, el hombre mantuvo su posición.
No hubo unanimidad.
Y Sullivan declaró el juicio nulo.
Una discusión que ahora puede llegar al ámbito profesional
La cuestión ya no es únicamente si Lindsay Clancy debía ser considerada penalmente responsable por la muerte de sus tres hijos.
Existe otra discusión institucional.
Los abogados tienen derecho —y la obligación— de utilizar las herramientas legales disponibles para defender los intereses de sus clientes. También pueden cuestionar posibles irregularidades dentro de un proceso.
Pero cuando el cuestionamiento pasa de discutir jurídicamente la conducta de un jurado a señalar públicamente al ciudadano que se negó a acompañar a la mayoría, aparece una línea que merece ser examinada.
Por eso resulta legítimo preguntar si el Massachusetts Bar debería revisar la conducta del abogado y determinar si sus actuaciones y posteriores declaraciones respetaron las obligaciones profesionales que corresponden a un miembro de la profesión jurídica.
Determinar si existe una infracción y qué sanción correspondería —si alguna— compete a las autoridades disciplinarias, no a la opinión pública.
Pero la pregunta de fondo permanece:
Si un ciudadano puede terminar públicamente señalado por un abogado simplemente porque fue el único jurado que no cedió ante los otros 11, ¿qué protección real tiene la independencia del jurado?
En el caso Clancy, aquel hombre no cambió su posición.
Los otros 11 tampoco cambiaron la suya.
El sistema funcionó como establece la ley cuando no existe unanimidad: no hubo veredicto y el juez declaró el juicio nulo.
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