La fiscalía general de El Salvador ordenó la captura del expresidente izquierdista Salvador Sánchez Cerén y detuvo a exministros y exviceministros, acusados de desfalcar fondos estatales con el cobro de sobresueldos.
«El expresidente Salvador Sánchez Cerén es oficialmente un prófugo de la justicia. Por cierto, salió de nuestro país vía frontera terrestre en diciembre 2020 y jamás regresó», dijo en Twitter el mandatario Nayib Bukele.
Los hechos datan del gobierno de Mauricio Funes (2009-2014), de la exguerrilla Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). En aquella época Sánchez Cerén era vicepresidente.
Esposados y custodiados, fueron presentados en la Dirección de Investigaciones de la Policía los exministros Carlos Cáceres (Hacienda) y Violeta Menjívar (Salud); y los exviceministros Calixto Mejía de Trabajo, Erlinda Handal de Tecnología y Hugo Flores de Agricultura.
«Todas estas personas contribuyeron al desfalco que le costó más de 350 millones de dólares al Estado salvadoreño», dijo en rueda de prensa el fiscal general Rodolfo Delgado. «Serán acusadas por el delito de lavado de dinero», agregó.
«El dinero era entregado en casa presidencial (…) en forma mensual y constituía una adición al salario que por ley debían devengar por ejercer la función pública», explicó el fiscal.
Delgado detalló que también «giró órdenes de captura» y tramitará «difusión roja» para el «rastreo y búsqueda» del expresidente Sánchez Cerén, quien gobernó El Salvador entre 2014 y 2019.
Su antecesor, Mauricio Funes, de quien fue vicepresidente, afronta diferentes procesos judiciales desde 2016, por lo que huyó del país y se asiló en Nicaragua, donde obtuvo la nacionalidad.
De acuerdo con la prensa salvadoreña, Sánchez Cerén también se encuentra en Nicaragua.
La investigación, según Delgado, se inició en 2019 y es «una derivación» del caso denominado «Saqueo Público» de 2009-2014 cuando la Asamblea Legislativa aprobó 80,8 millones de dólares para un período de cinco años en concepto de «gastos reservados» de la presidencia.
Lo defraudado al final del período ascendió a 351 millones de dólares por las transferencias de fondos que fueron autorizados por el ministerio de Hacienda, sin la debida autorización del Congreso.
El secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, denunció que «el actual grupo gubernamental, valiéndose de instrumentos del Estado, está actuando de manera ilegal para consolidar el mecanismo de persecución política».
Es un «mecanismo autoritario que lleva directamente a la construcción de una nueva dictadura, de la cual habíamos salido hace casi tres décadas», agregó Ortíz.
Al llegar al poder en 2019, Bukele, rompió con tres décadas de alternancia en el poder del FMLN y la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha).
Con mayoría parlamentaria desde mayo pasado, el popular mandatario de 39 años reemplazó a un grupo de magistrados y al fiscal general, quien reactivó investigaciones por corrupción contra gobiernos anteriores.
A inicios de julio se le incautaron bienes a Arena, por un desvío de donaciones en 2003.
