Por la Redacción de The Freedom Post
El viraje institucional en Colombia ha comenzado y promete no dar tregua. Tras años en los que el aparato estatal fue instrumentalizado para avanzar agendas ideológicas ajenas a la identidad y a las prioridades reales de la nación, el nuevo Gobierno ha tomado las primeras medidas concretas para erradicar el adoctrinamiento en el sistema educativo.
Bajo la gestión de la ministra de Educación, Viviane Morales, la cartera ha iniciado la revisión y desmantelamiento de las guías, contenidos y programas pedagógicos que la administración saliente de Gustavo Petro promovió en los colegios. Lo que durante el petrismo se presentó bajo el ropaje de la «inclusión», no fue más que la implantación progresiva de la ideología de género en las aulas, desplazando el rigor académico para privilegiar la ingeniería social sobre la mente de los menores.
El rescate de la patria potestad y la libertad de enseñanza
La postura de la nueva administración marca una ruptura clara con el modelo colectivista e intervencionista. Desde el Ministerio de Educación, el mensaje enviado al país es contundente: las aulas pertenecen al conocimiento y a la ciencia; la formación moral y valórica pertenece a las familias.
Durante la gestión anterior, la imposición unilateral de marcos ideológicos no solo socavó el rol fundamental de los padres como primeros educadores de sus hijos, sino que vulneró la autonomía escolar y la libertad de conciencia de cientos de instituciones educativas. El desmantelamiento de esta agenda no representa únicamente una corrección de rumbo en las políticas públicas, sino un acto de restitución del derecho constitucional a la patria potestad frente al avance del estatismo cultural.
Hacia un modelo de excelencia académica
La reorientación de la cartera educativa apunta a concentrar los esfuerzos estatales en lo que nunca debió dejarse de lado: las ciencias, las matemáticas, el lenguaje, la historia y la excelencia en el aprendizaje básico.
Garantizar espacios seguros y libres de acoso escolar en las instituciones no requiere la imposición de dogmas progresistas ni la alteración de los planes de estudio en función de corrientes ideológicas del momento. La defensa de la dignidad humana y el respeto cívico son valores universales que no necesitan de la deconstrucción conceptual para ser enseñados.
El inicio de este proceso en Colombia sienta un precedente clave en la región: el Estado debe estar al servicio de la libertad de los ciudadanos y el desarrollo de sus capacidades, no al servicio de la reingeniería ideológica de las futuras generaciones.
