El 13 de Diciembre del año en curso, fue sentenciado a 19 años de prisión Eduardo Andrés Jiménez Marcano, quien fue acusado de “extorsionar” personas y difundir información personal, a través de una cuenta anónima de Instagram llamada «Chikundolarizado». Jiménez fue encontrado culpable de los cargos de extorsión, revelación indebida de información personal y asociación para delinquir.
Nota completa:
Para muchos la noticia es irrelevante, pero en realidad no lo es, la detención de Jiménez no ha logrado que la actividad dentro del polémico usuario cese. Esta cuenta desde sus inicios no ha parado de denunciar corrupción en el estado Anzoátegui, enfocándose más en la zona de Lechería, un paraíso de enchufados y vinculados a la narco-dictadura, esto no es secreto para nadie.
Pueblo pequeño, infierno grande, así es Lechería, aparentemente este usuario de Instagram ha tocado la susceptibilidad de muchos afectos al régimen, lo que la ha hecho incomoda, dando como resultado la necesidad de “cazar” al responsable de su operación.
¿Por qué Eduardo Andrés Jiménez Marcano cayó solo? No se sabe.
¿Hay suficientes elementos de convicción en su contra? Aparentemente no. La dictadura acostumbra a señalar personas de hechos por presunciones, pasó en Nueva Esparta con los Hackeos a las pantallas de aeropuerto, también ha pasado con un sinfín de periodistas que son incómodos. Javier Tarazona, Roberto Deniz, entre otros.
¿Es Jiménez el único administrador de la cuenta? Si llegase a estar implicado realmente, pues quedó claro que no es el único operador.
¿Ajuste de cuentas? Quizás. El sistema judicial venezolano es un sistema viciado y politizado, donde la justicia brilla por su ausencia.
¿Cuántos más caerán por este usuario? Imposible de saber.
Retrocedemos en el tiempo y en el internet que no olvida.
En Agosto de 2020 fue acusado y se emitió una orden de captura en contra de Antonio Gerardo Armas Cuartin, hermano del exdiputado de la Asamblea Nacional de 2015 Armando Armas, miembro del partido Voluntad Popular, por ser el quien presuntamente estaba detrás de este usuario anónimo.
El portal web RED REDADIO VE perteneciente a Fidel Madroñero conocido miembro del chavismo y conductor de Zurda Konducta reseñó al hermano del exdiputado y lo viralizó por las redes sociales.
Pero esta no fue la única plataforma de dudosa reputación que se hizo eco de la noticia, también lo hizo Estándar Digital, donde ya la nota y la página no existen.
Armas en su momento se pronunció en base a lo ocurrido que calificó como un ataque a su familia.
Aunque nunca se demostró la viculación del hermano de Armas con este hecho, simplemente quedó abierto, a espera de otro obejtivo. ¿Pero cuando el régimen ha demostrado algo verazmente? Si, nunca.
Lechería se convirtió en una zona donde muchos (políticos y particulares) otorgan información “confiable” a operadores web, donde si caen, los dejan solos.
Lo curioso del caso es que hasta ahora el exdiputado no se ha pronunciado sobre el caso, ni por empatía de servidor público, de hecho, también fue increpado en las redes por esto.
El “revuelo” con este usuario de Instagram no termina aquí, hay más. Acusaron a Jiménez de extorsionar con pranes previamente.
La operatividad del usuario
Aún activa dicha cuenta de Instagram, señala que el hoy imputado es inocente y que solamente está pagando precio de un enemigo personal llamado Rixon Rafael Moreno Oropeza.
La realidad
Hoy en día cualquier periodista, operador web, o de redes sociales probablemente sea sometido a ser vinculado con delitos de extorsión y chantaje, por el hecho de ser incómodos para aquellos vinculados a la dictadura. No es un secreto que este mercado digital también se ha visto invadido por extorsionadores de oficio que atacan la moral y las familias de los señalados como enemigos, con el fin de sacar beneficio económico. Pero no son todos.
La culpabilidad de Jiménez en este caso queda entre dicho, más aún por el precedente que tiene la polémica cuenta de Instagram.
Hoy la verdad en Venezuela está opacada por injusticias y vicios. Cualquiera puede ser un perseguido de este sistema criminal y cuando se trata de cuentas anónimas, cualquiera puede pagar los platos rotos de otro.
Cualquier acusado por la dictadura, siempre quedará entre dicho. Más aún cuando acaban de condenar a dos funcionarios por el homicidio de Fernando Albán a únicamente 5 años y a este, que lo señalan de extorsión le otorgaron una sentencia de 19 años.
La desproporción habla por si sola.
