El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue detenido el martes tras recibir el Gobierno filipino una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad. Según su hija, Duterte fue “subido a la fuerza” a un avión con destino a La Haya.
De acuerdo con la hija de Duterte y el medio local The Philippine Star, el exmandatario fue trasladado a un vuelo a última hora del martes.
En un mensaje en Instagram, Veronica Duterte denunció que “lo están sacando a la fuerza en un avión sin tener en cuenta sus condiciones de salud”. La agencia Reuters también confirmó que Duterte había abordado un avión.
La CPI investiga a Duterte por su violenta campaña antidrogas durante su mandato, que, según datos policiales, dejó más de 6,000 muertos, aunque observadores independientes estiman que el número real podría ser significativamente mayor debido a las ejecuciones extrajudiciales.
Duterte, de 79 años, fue arrestado en medio de un caos en el principal aeropuerto de Manila, donde había llegado el mismo martes procedente de Hong Kong.
La oficina de Interpol en Manila recibió la “copia oficial de la orden de detención de la CPI” esa mañana, según un comunicado de la Oficina Presidencial de Comunicaciones.
“¿Cuál es la ley y cuál es el delito que cometió?”, preguntó en un video difundido en Internet por su hija, Veronica «Kitty» Duterte.
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Conocido como “el Trump de Asia” por algunos analistas debido a su estilo de liderazgo poco convencional y su lenguaje provocador, Rodrigo Duterte asumió la presidencia en 2016 con la promesa de iniciar una guerra contra las drogas y los traficantes en Filipinas.
La violenta represión que siguió resultó en la muerte de miles de personas, muchas de ellas jóvenes provenientes de barrios marginales empobrecidos, quienes fueron abatidos tanto por la policía como por grupos armados en el marco de una campaña contra el narcotráfico.
Este derramamiento de sangre llevó a una investigación por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) y a una indagación de la Cámara de Representantes que duró un mes, así como a otra investigación del Senado, dirigida por un pariente del actual presidente.
Duterte ha negado en múltiples ocasiones la existencia de ejecuciones extrajudiciales de presuntos narcotraficantes, aunque también ha admitido haber autorizado a la policía a abrir fuego contra los sospechosos que se resistieran a su arresto.
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