Durante años, Washington fue criticado por destinar miles de millones de dólares a América Latina sin que los resultados justificaran semejante inversión. Hoy, la administración de Donald Trump parece enviar un mensaje distinto: la ayuda continuará, pero cada dólar deberá traducirse en resultados medibles. El respaldo ya no será un acto de confianza, sino un contrato sujeto a evaluación permanente.
Ese fue el tono que marcó la audiencia «A New Beginning for Colombia», celebrada en el Subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de EEUU y presidida por la congresista republicana María Elvira Salazar, una de las voces más influyentes de la política estadounidense sobre América Latina. Durante la sesión, participaron F. Cartwright Weiland, subsecretario de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), y Luis Méndez, subsecretario adjunto para Suramérica del Departamento de Estado.
Durante la audiencia, Estados Unidos detalló el respaldo que está dispuesto a brindar al gobierno entrante de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. El paquete incluye la ampliación de la flota de helicópteros Black Hawk, embarcaciones, drones, sistemas antidrones, software forense, intercambio de inteligencia, fortalecimiento de la capacidad de investigación y judicialización, apoyo al sistema penitenciario y la creación de bases de operaciones avanzadas en zonas con escasa presencia estatal. Los funcionarios aclararon que estas no serían bases militares estadounidenses, sino centros logísticos administrados por la Policía colombiana para almacenar equipos y sostener operaciones en regiones estratégicas.
Sin embargo, el mensaje más importante no estuvo en la lista de equipos ni en la tecnología ofrecida. Tanto Weiland como Méndez insistieron en que la cooperación dependerá de metas verificables en erradicación de cultivos, extradiciones y resultados concretos contra el narcotráfico.
Además, Washington dejó claro que Colombia también deberá aportar recursos propios, bajo un modelo de «compartir la carga», donde el incremento de la ayuda dependerá del desempeño demostrado por el nuevo gobierno de Abelardo de la Espirella.
De la asistencia ilimitada a la ayuda condicionada
El planteamiento representa un cambio de enfoque frente a programas históricos como el Plan Colombia, que durante más de dos décadas movilizó miles de millones de dólares en asistencia militar, logística e institucional para combatir el narcotráfico y fortalecer al Estado colombiano.
Aunque ese programa produjo avances importantes en materia de seguridad, también generó críticas sobre su costo, su sostenibilidad y la dificultad para medir algunos de sus resultados a largo plazo.
La administración Trump parece querer evitar repetir ese esquema. El mensaje transmitido durante la audiencia fue claro: primero resultados, después más apoyo. La ayuda ya no se concibe como un compromiso abierto, sino como una inversión cuya continuidad dependerá del cumplimiento de objetivos concretos y medibles.
Ese enfoque introduce un elemento que podría marcar la relación futura de Washington con sus aliados en la región: la fiscalización permanente. No basta con recibir recursos; habrá que demostrar qué se hizo con ellos, qué impacto tuvieron y si justifican ampliar la cooperación.
¿Será este el nuevo modelo de cooperación de EEUU para América Latina: menos cheques en blanco y más resultados bajo supervisión?
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