¿Cómo debería responder la comunidad internacional ante esta decisión del régimen de Ortega?
La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el régimen de Daniel Ortega, anunció este martes que ha iniciado los análisis para elaborar una reforma que prohíba la celebración de elecciones generales en el país, dando cumplimiento a las directrices emitidas por el mandatario.
En un comunicado, el Parlamento informó que comenzó un plan de trabajo basado en las recientes declaraciones de Ortega, quien aseguró que en Nicaragua no volverán a celebrarse elecciones. Según el texto, la iniciativa busca «asegurar la paz, la seguridad, la estabilidad y la continuidad de los logros contra la pobreza», argumentos utilizados por el régimen para justificar la medida.
La Asamblea, subordinada al Poder Ejecutivo y dominada por el oficialismo, señaló que los análisis responden a las orientaciones presidenciales sobre «los procesos políticos propios de Nicaragua y los nicaragüenses», con el objetivo de traducir esas directrices en una reforma legal.
El anuncio se produce un día después de que Ortega afirmara públicamente que el país dejaría atrás el modelo de elecciones generales, una declaración que generó fuertes cuestionamientos por parte de sectores opositores y defensores de la democracia.
De concretarse la reforma, el régimen convertiría en ley la eliminación de los comicios como mecanismo para la elección de las autoridades nacionales, consolidando aún más el control político ejercido por Ortega y su círculo cercano.
La iniciativa representa un nuevo paso en la concentración del poder en Nicaragua, en un contexto marcado por la persecución de opositores, el encarcelamiento y exilio de voces críticas, el cierre de medios de comunicación independientes y las reiteradas denuncias de organismos internacionales sobre el deterioro de las libertades democráticas en el país.
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