La primera ronda de conversaciones entre las delegaciones encabezadas por Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera terminó con acuerdos para renovar el Tribunal Supremo de Justicia, recuperar activos venezolanos en el exterior y avanzar en la reconstrucción institucional. El giro ocurre bajo la fuerte influencia de Washington y encaja en la estrategia de tres fases planteada por Marco Rubio para Venezuela.
CARACAS.— Apenas un mes después de asegurar que “no hay cabeza” para ocuparse del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Jorge Rodríguez terminó sentado en una mesa de negociación que acordó precisamente avanzar hacia la renovación de la máxima instancia judicial venezolana.
El cambio no es menor.
El primer ciclo de conversaciones entre representantes del interinato encabezado por Delcy Rodríguez y la Asamblea Nacional electa en 2015 culminó el 12 de agosto en Caracas con una serie de acuerdos que colocan la reinstitucionalización del país, la emergencia posterior a los terremotos y la recuperación de activos venezolanos en el centro de la agenda.
Las delegaciones, encabezadas por Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, acordaron avanzar en la renovación completa de los magistrados del TSJ y modificar el mecanismo mediante el cual serán seleccionados.
De “no hay cabeza” a renovar el TSJ
El contraste con las declaraciones previas de Rodríguez resulta especialmente significativo.
El 11 de julio, cuando fue interrogado sobre la posibilidad de designar nuevos magistrados del TSJ y rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), Rodríguez aseguró que la emergencia provocada por los terremotos había desplazado cualquier discusión política.
“No tenemos cabeza para estarnos preocupando por el TSJ o por el CNE”, afirmó entonces.
Argumentó que concentrarse en esos nombramientos mientras miles de venezolanos enfrentaban las consecuencias de los sismos sería un “irrespeto”.
Un mes después, la renovación del TSJ está formalmente dentro de la hoja de ruta negociada.
Reforma del sistema judicial
Uno de los principales resultados del primer ciclo de conversaciones es precisamente la apertura de un proceso para reestructurar el máximo tribunal.
Las partes acordaron establecer un cronograma para renovar la totalidad de sus magistrados y reformar el mecanismo de postulaciones, un punto especialmente relevante para cualquier futura transición democrática.
Durante años, el control del Poder Judicial ha sido uno de los principales cuestionamientos al sistema institucional venezolano.
La composición de un nuevo TSJ, por tanto, no representa únicamente un cambio administrativo: afecta directamente las garantías jurídicas necesarias para partidos políticos, dirigentes, procesos electorales y eventuales elecciones libres.
El factor Estados Unidos
Pero existe un actor imposible de separar de esta negociación: Estados Unidos.
Washington tiene un papel determinante en el proceso de transición venezolano y posee importantes instrumentos de presión económica, diplomática y política sobre las autoridades interinas.
La negociación que hoy se desarrolla en Caracas forma parte de un proceso impulsado y acompañado por Estados Unidos.
Por ello, el cambio de posición de Jorge Rodríguez puede interpretarse dentro de un escenario mucho más amplio: las concesiones institucionales que Washington considera necesarias para avanzar hacia la siguiente etapa venezolana.
La independencia judicial, la recuperación de las instituciones democráticas y las garantías políticas son elementos centrales para construir las condiciones de una transición.
La mesa de diálogo comienza así a convertir esa presión internacional en decisiones institucionales concretas.
Recuperación de activos venezolanos en el exterior
Otro de los acuerdos centrales es realizar gestiones conjuntas para recuperar activos de reserva internacional venezolanos depositados en el extranjero.
Entre ellos se encuentran aproximadamente 31 toneladas de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra.
Las partes acordaron establecer mecanismos de transparencia y auditoría sobre la utilización de esos recursos.
El objetivo será dirigirlos hacia programas sociales y hacia la atención de las consecuencias de los terremotos que golpearon Venezuela.
La recuperación de esos activos introduce además otro elemento fundamental: el manejo de recursos venezolanos bloqueados internacionalmente comienza a vincularse directamente con el proceso de reconstrucción institucional.
La emergencia también entra en la negociación
Los terremotos modificaron las prioridades inmediatas del país y ahora forman parte de la agenda política.
Una de las mesas de trabajo estará dedicada específicamente a la emergencia y a la utilización de recursos para atender las necesidades derivadas de la catástrofe.
Electricidad, salud, vivienda y reconstrucción de infraestructura figuran entre las áreas que requieren atención prioritaria.
Paradójicamente, la misma emergencia que Jorge Rodríguez utilizó semanas atrás para justificar que “no había cabeza” para discutir el TSJ terminó incorporándose al mismo proceso político que ahora negociará su renovación.
Garantías políticas y derechos civiles
La negociación también abre el camino para abordar uno de los asuntos más delicados de cualquier transición venezolana: las garantías políticas.
Las mesas técnicas deberán avanzar sobre la situación de los presos políticos, la recuperación de derechos de dirigentes y organizaciones y las condiciones necesarias para reconstruir un sistema político competitivo.
La reinstitucionalización del Poder Judicial resulta fundamental dentro de ese proceso.
Sin tribunales independientes, garantías para los actores políticos y reglas institucionales confiables, cualquier proceso electoral corre el riesgo de reproducir los mismos problemas que marcaron las últimas décadas venezolanas.
Las tres fases de Marco Rubio
Lo ocurrido tampoco puede analizarse de manera aislada de la estrategia presentada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
Washington estructuró su política hacia Venezuela alrededor de tres grandes fases:
FASE 1: Estabilización
Evitar el colapso del país, contener el caos y utilizar los instrumentos económicos disponibles para estabilizar el funcionamiento del Estado.
FASE 2: Recuperación
Reactivar la economía, reconstruir la sociedad civil y avanzar hacia un proceso de reconciliación nacional.
FASE 3: Transición
Crear las condiciones institucionales y políticas necesarias para una transición democrática.
Rubio ha advertido que estas fases pueden solaparse y no necesariamente desarrollarse como compartimentos completamente separados.
Visto desde esa perspectiva, la renovación del TSJ, la recuperación de activos, la atención de la emergencia y las conversaciones sobre garantías políticas parecen tocar simultáneamente elementos de las tres etapas.
Una negociación diferente a las anteriores
Venezuela acumula años de negociaciones fallidas entre el chavismo y la oposición.
Oslo, Barbados, México y otros mecanismos internacionales terminaron sin producir una transición política.
La diferencia fundamental en 2026 es el nivel de influencia estadounidense sobre el proceso.
Washington dispone actualmente de herramientas económicas y políticas considerablemente mayores para condicionar las decisiones de los actores venezolanos.
Eso no garantiza que la transición democrática vaya a concretarse.
Pero sí modifica la correlación de fuerzas dentro de la negociación.
Por primera vez, el debate no gira únicamente alrededor de futuras elecciones, sino también de reconstruir previamente las instituciones que tendrían que garantizar esas elecciones.
Y allí el Tribunal Supremo de Justicia es una pieza fundamental.
De las palabras a los hechos
Hace apenas unas semanas Jorge Rodríguez aseguraba que Venezuela no tenía “cabeza” para hablar del TSJ.
Hoy su delegación firma un acuerdo para renovarlo.
Ese cambio resume buena parte de lo que está ocurriendo en Venezuela.
La verdadera prueba comenzará ahora: conocer quiénes integrarán el nuevo Tribunal, cómo funcionará el mecanismo de selección, qué grado de independencia tendrán los magistrados y hasta dónde llegarán las garantías políticas acordadas.
La mesa continuará trabajando mediante comisiones técnicas y nuevos ciclos de negociación.
El mapa político venezolano entra así en una etapa distinta, bajo una intensa vigilancia internacional y con Estados Unidos como actor determinante del proceso.
La pregunta ya no es solamente si habrá diálogo.
La pregunta es si esta vez la presión estadounidense conseguirá convertir los acuerdos en instituciones capaces de sostener una verdadera transición democrática.
Los puntos duros están respaldados por información publicada hoy: renovación total del TSJ, reforma del comité/mecanismo de postulaciones, recuperación del oro del Banco de Inglaterra, auditoría de recursos y continuidad de las negociaciones. La declaración de Rodríguez sobre que “no hay cabeza” fue el 11 de julio, no en junio, detalle que corregí en la nota porque está documentado.
Y la conexión con las tres fases de Rubio —estabilización, recuperación y transición— sí está documentada desde enero; Rubio señaló incluso que algunas fases podían solaparse.
¿Crees que estos acuerdos logren concretar cambios reales? Te leemos en comentarios.
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