CEUTA — La saturación de las infraestructuras de acogida en Ceuta tras las recientes llegadas masivas ha provocado una severa crisis de seguridad, registrando un preocupante repunte de agresiones hacia mujeres y menores.
La gravedad de la situación ha forzado a que mujeres y niñas deban pernoctar en instalaciones estrictamente separadas como medida básica de protección.
Según reportes locales, ya se contabilizan al menos 15 denuncias por agresiones sexuales, entre las cuales se han confirmado víctimas menores de 14 años.
Ante la insuficiencia de la capacidad de respuesta institucional, vecinos y miembros de las fuerzas de seguridad han tenido que improvisar refugios y organizar escoltas para resguardar la integridad de los grupos más vulnerables.
El deterioro de la seguridad en la frontera sur ha reabierto un tenso debate sobre la eficacia del modelo asistencialista y la gestión migratoria actual. Diversos sectores sociales y locales manifiestan una creciente indignación, exigiendo la expulsión inmediata de los agresores y la aplicación de medidas de contención más severas en lugar de soluciones provisionales.
Debate sobre la respuesta gubernamental
La falta de medidas de protección ciudadana de carácter más urgente y contundente por parte del Ejecutivo nacional genera divisiones sobre los factores que condicionan la acción del Gobierno:
- Compromisos diplomáticos: Acuerdos bilaterales y relaciones de cooperación geopolítica con el Reino de Marruecos que restringen decisiones unilaterales de retorno o despliegue en la frontera.
- Marco legal y de derechos humanos: Normativas comunitarias e internacionales que exigen el cumplimiento de protocolos de asilo, protección a la infancia y debido proceso antes de efectuar devoluciones.
- Cohesión política interna: Divergencias dentro de la coalición de gobierno y presiones parlamentarias respecto a la política migratoria y el uso de las fuerzas de seguridad
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