CEUTA.— “A mí no me podéis tachar de racista. Estoy orgullosa de ser negra y estoy orgullosa de ser española”.
Con estas palabras, una mujer de Ceuta respondió a quienes califican de racistas las críticas o preocupaciones relacionadas con la situación migratoria en la ciudad autónoma.
Su testimonio resulta especialmente llamativo por su propia historia familiar: es hija de una madre española, blanca y cristiana, y de un padre negro, originario de Guinea y musulmán. Desde esa experiencia personal, rechaza que cuestionar determinadas políticas migratorias o expresar preocupación por la presión sobre Ceuta implique necesariamente una actitud racista.
“Estamos ahogados. ¡No podemos más!”, afirmó.
La mujer sostiene que existe preocupación entre familias de la ciudad ante el temor a una posible entrada masiva de inmigrantes. Más allá de las percepciones individuales, sus palabras reflejan uno de los debates más sensibles que atraviesa Ceuta: cómo compatibilizar la protección de las fronteras, la seguridad y la capacidad de acogida con el respeto a los derechos de quienes migran.
El debate que incomoda
El caso vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que con frecuencia queda atrapada en la polarización política: ¿expresar preocupación por la inmigración convierte automáticamente a una persona en racista?
La respuesta de esta mujer es tajante: no.
Su argumento parte de una experiencia familiar que, según explica, atraviesa distintas identidades culturales y religiosas. Precisamente por ello considera que las etiquetas simplistas no sirven para explicar la complejidad de una ciudad fronteriza como Ceuta.
El debate, sin embargo, no debería reducirse a etiquetas.
Ceuta ocupa una posición singular: es territorio español y frontera exterior de la Unión Europea en el norte de África. Cualquier discusión sobre inmigración en la ciudad implica, por tanto, cuestiones de control fronterizo, seguridad, integración, recursos públicos, cooperación internacional y derechos humanos.
Más allá de las consignas
Las palabras de la mujer ponen el foco en una tensión que seguirá formando parte de la conversación política europea: ¿cuáles son los límites de la capacidad de acogida y quién tiene la responsabilidad de establecerlos?
También plantean otra cuestión: si una persona perteneciente a una minoría racial o religiosa expresa públicamente preocupación por la inmigración, ¿debe ser automáticamente descartada como racista?
El debate merece algo más que consignas.
Porque una democracia saludable debería permitir hablar de inmigración, fronteras y seguridad sin convertir cualquier opinión incómoda en una descalificación personal, pero también exigir que las afirmaciones sobre hechos concretos puedan ser verificadas y discutidas con datos.
En Ceuta, una mujer lo resumió en una frase:
“Estamos ahogados. ¡No podemos más!”
Ahora la pregunta queda abierta: ¿se puede defender un mayor control migratorio sin que eso implique rechazo hacia quienes llegan?
