CEUTA —El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha fijado un ultimatum de 30 días al Ejecutivo nacional para tomar medidas concretas y efectivas frente a la crisis migratoria de dimensiones sin precedentes que afronta la localidad tras las entradas masivas registradas a finales de julio.
De no obtener una respuesta adecuada en el tiempo estipulado, el Gobierno autonómico acudirá a la vía judicial y trasladará el caso ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional para defender los derechos e intereses de la ciudad y sus ciudadanos.
La situación actual en Ceuta —una población de aproximadamente 80.000 habitantes— se sitúa al borde del colapso asistencial y social:
Más de 10.000 personas migrantes permanecen en el territorio de la ciudad autónoma.
Cerca de 2.000 menores no acompañados se encuentran bajo tutela local, lo que ha rebasado de forma crítica la capacidad de los centros de acogida y los recursos públicos de la administración ceutí.
La dimensión de los acontecimientos ya requirió en semanas pasadas intervenciones de carácter extraordinario, como el despliegue de efectivos del Ejército y el cierre temporal del paso fronterizo con Marruecos.
Desde la Ciudad Autónoma se insta al Estado central a asumir de forma directa la gestión de la frontera exterior e implementar mecanismos inmediatos para restablecer la seguridad, garantizar la protección de los menores y devolver la normalidad a la población.
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