Más de 200 personas se congregaron frente al Tribunal Superior de Plymouth, Massachusetts, para expresar su apoyo a Lindsay Clancy, la mujer acusada de matar a sus tres hijos.
Muchas de las asistentes vestían de rosa y acudieron para defender una causa que, según sostienen, va más allá del caso judicial: la necesidad de prestar mayor atención a las mujeres que atraviesan graves crisis de salud mental.
Pero la movilización también abrió una pregunta incómoda: ¿en qué momento la empatía por la persona acusada de cometer un crimen termina eclipsando a las verdaderas víctimas?
Las víctimas fueron Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de apenas 8 meses.
Clancy enfrenta cargos por las muertes de sus tres hijos, ocurridas en enero de 2023 en la vivienda familiar de Duxbury, Massachusetts. Su defensa sostiene que sufría una grave enfermedad mental, incluida psicosis posparto, y que su condición afectaba su capacidad para comprender plenamente sus actos.
La Fiscalía, en cambio, sostiene que los asesinatos fueron deliberados y rechaza la interpretación presentada por la defensa.
Esa diferencia se encuentra en el centro del proceso judicial. El debate no gira únicamente en torno a qué ocurrió, sino también a si el estado mental de Clancy afectaba su responsabilidad penal.
Para muchas de las personas que acudieron a manifestar su apoyo, el caso representa un problema más amplio relacionado con la atención a la salud mental de las mujeres. Sus seguidores consideran que la tragedia también plantea preguntas sobre el tratamiento que recibía Clancy y sobre la capacidad del sistema médico para responder ante pacientes que atraviesan una crisis.
La discusión sobre salud mental es legítima y necesaria. Las posibles fallas de los sistemas de atención también deben ser examinadas.
Pero aquí aparece la contradicción que ha convertido el caso en algo más que un juicio.
Una persona puede convertirse en el símbolo de una causa legítima y, al mismo tiempo, esa causa puede terminar desplazando la atención de quienes sufrieron las consecuencias irreversibles de la tragedia.
La conversación pública alrededor de Lindsay Clancy se ha concentrado en su estado mental, sus tratamientos y las posibles fallas del sistema. Son elementos relevantes para determinar su responsabilidad y comprender cómo ocurrió el caso.
Sin embargo, Cora, Dawson y Callan no pueden participar en ese debate.
Ellos no pueden explicar lo que ocurrió. No pueden defender su propia historia. Y no deberían convertirse en una nota al pie mientras toda la atención se concentra en la mujer acusada de haber terminado con sus vidas.
La posible existencia de una enfermedad mental puede ser determinante para establecer la responsabilidad penal de una persona. Comprender una crisis psicológica no significa negar que ocurrió una tragedia ni olvidar quiénes fueron las víctimas.
El caso de Lindsay Clancy continuará alimentando debates sobre salud mental, responsabilidad penal y las fallas de los sistemas de atención.
Pero mientras el tribunal analiza esas preguntas, hay un hecho que permanece fuera de discusión: tres niños murieron.
Y en medio de cualquier debate sobre justicia, enfermedad mental o empatía, Cora, Dawson y Callan no deberían desaparecer del centro de la historia.
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