Después de los terremotos, Venezuela necesita mucho más que cemento y cabillas. Necesita confianza.
Por eso ha generado interrogantes que el plan de reconstrucción de miles de viviendas haya sido puesto bajo la responsabilidad de Jacqueline Faría, la misma funcionaria que durante años estuvo vinculada al proyecto de saneamiento del río Guaire, una de las obras públicas más cuestionadas de la administración chavista por la distancia entre las inversiones anunciadas y los resultados obtenidos.
Durante años se prometió recuperar el principal afluente de Caracas mediante millonarias inversiones. Sin embargo, el proyecto nunca logró cumplir las expectativas generadas y continúa siendo citado como ejemplo de la falta de rendición de cuentas en grandes obras públicas.
Ese antecedente inevitablemente lleva a una nueva pregunta: si un proyecto de esa magnitud continúa siendo objeto de cuestionamientos, ¿qué garantías existen ahora para una reconstrucción que involucra miles de viviendas y enormes recursos públicos?
La presidente de la Gran Misión Venezuela Renace, Jacqueline Faría, informó que el interinato de Venezuela avanza en la rehabilitación de 9.055 viviendas afectadas por los terremotos registrados en el país.
Según explicó, las obras incluyen sustitución de mampostería, reparación de frisos, instalación de tuberías eléctricas y de agua, además del reforzamiento estructural de las edificaciones que sufrieron daños.
De acuerdo con las cifras oficiales, actualmente se intervienen 2.926 viviendas en La Guaira, 1.690 en Caracas, 2.700 en Yaracuy y 918 en Aragua, además de otras entidades afectadas.
Faría aseguró que los edificios con mayores daños fueron sometidos a estudios técnicos y recalculados por especialistas antes de iniciar las labores de rehabilitación, con la aprobación de la Comisión Presidencial.
La reconstrucción representa una necesidad urgente para miles de familias. Pero también implica la administración de importantes recursos públicos destinados a materiales, contratación de empresas, transporte, supervisión técnica y ejecución de obras.
Hasta ahora, toda la información disponible proviene de reportes oficiales. No se han anunciado auditorías independientes, plataformas públicas para verificar el avance de cada obra, mecanismos que permitan contrastar presupuestos con materiales utilizados ni herramientas para que los propios afectados puedan confirmar el estado de las viviendas incluidas en el plan.
Sin esos controles, resulta imposible verificar si las cifras anunciadas reflejan lo que realmente ocurre sobre el terreno.
¿Reconstrucción o acto de fe?
Reconstruir un país no consiste únicamente en levantar paredes. También implica reconstruir la confianza.
Y esa confianza no nace de una rueda de prensa ni de un balance institucional. Nace cuando cualquier ciudadano puede revisar contratos, conocer costos, verificar obras terminadas y comprobar que cada recurso público llegó exactamente al lugar donde debía llegar.
La discusión ya no es solamente si serán rehabilitadas 9.055 viviendas.
La verdadera pregunta es otra:
¿Quién auditará cada contrato, quién verificará cada obra y quién garantizará que la reconstrucción no termine convertida en otro expediente sin respuestas, como ocurrió con el proyecto de saneamiento del río Guaire?
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