Durante años, miles de venezolanos depositaron parte de sus esperanzas de justicia en la Corte Penal Internacional (CPI). Hoy, mientras el tribunal enfrenta una de las mayores crisis de credibilidad de su historia, Venezuela notificó formalmente su decisión de abandonar el Estatuto de Roma.
La coincidencia temporal nos obliga a preguntarnos:
¿Se trata únicamente de una decisión del “interinato de Delcy”… o también refleja el nuevo mapa geopolítico que comienza a dibujarse junto a Estados Unidos?
El anuncio fue comunicado al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, por instrucciones del interinato encabezado por Delcy Rodríguez. Caracas justificó la decisión alegando que la CPI mantiene un sesgo contra países del llamado Sur Global y que ha utilizado la justicia internacional con fines políticos.
Pero atentos a este dato:
El retiro no significa que las investigaciones desaparezcan de inmediato.
Conforme al Estatuto de Roma, la salida surte efecto un año después de la notificación y no elimina la competencia de la Corte sobre hechos ocurridos mientras el país era Estado parte. De hecho, la investigación abierta sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela continúa su curso.
Y aquí aparece una realidad que a muchos venezolanos le ha enardecido por años.
El expediente Venezuela lleva años avanzando lentamente.
Desde la apertura del examen preliminar hasta la investigación formal han transcurrido varios años sin que el tribunal haya producido decisiones que, para las víctimas, representen un cambio tangible en sus vidas.
Esa lentitud ha alimentado tanto expectativas como frustraciones sobre la verdadera capacidad de la CPI para responder a crisis complejas. Como si eso fuera poco, la propia Corte atraviesa una crisis institucional.
Su fiscal, Karim Khan, quien impulsó la investigación sobre Venezuela, fue removido del cargo tras un proceso disciplinario relacionado con graves acusaciones de conducta indebida. Aunque las investigaciones continúan bajo la dirección de los fiscales adjuntos, el episodio golpeó la imagen de un tribunal que ya enfrentaba fuertes cuestionamientos internacionales.
No estamos hablando solamente de lo que ocurrirá con el caso de Venezuela
También es muy válida la pregunta de ¿cuánto peso conserva hoy la propia Corte Penal Internacional en un escenario donde varias de las principales potencias del mundo cuestionan abiertamente su autoridad?.
Esa discusión adquirió todavía más relevancia hace apenas unos días.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, lanzó una ofensiva política contra la CPI, calificándola como una amenaza para la soberanía de Estados Unidos y prometiendo impulsar acciones para debilitar al organismo mediante sanciones y presión diplomática.
En ese contexto, la decisión venezolana inevitablemente genera otra interrogante.
¿Es simplemente una coincidencia que el interinato anuncie su salida pocos días después de la ofensiva estadounidense contra la Corte?
¿O comienza a reflejar un alineamiento político con la estrategia internacional del que hoy parece ser su principal socio en la transición: Estados Unidos?
Nadie puede responder esa pregunta con certeza.
Pero la secuencia de acontecimientos difícilmente pasa desapercibida.
En redes sociales, además, muchos venezolanos expresaron otra preocupación.
Más allá de estar a favor o en contra de la CPI, varios usuarios lamentan que las víctimas vuelvan a quedar atrapadas entre largos procesos internacionales, cambios políticos y decisiones geopolíticas que parecen avanzar mucho más rápido que la justicia que llevan años esperando.
En resumen, la discusión de fondo definitivamente es:
¿Puede una institución internacional ofrecer justicia efectiva cuando sus procesos tardan años, sus principales autoridades enfrentan sus propias crisis y las grandes potencias cuestionan abiertamente su legitimidad?
Como siempre… queremos leerte.
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Fuentes: Reuters / EFE / El País / AP
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